La firma del acuerdo político entre Robert Mugabe y el líder opositor Morgan Tsvangirai, luego de siete semanas de intensas negociaciones para ponerle fin a la crisis política en Zimbabue, representa una oportunidad hacia el forjamiento de una sociedad libre y democrática en la nación africana -uno de los países más pobres y económicamente desvastados del mundo.
La crisis generadora del acuerdo histórico y el contenido de este último derivan de un mismo fenómeno, a saber, la carencia de legitimidad de origen y de legitimidad en el ejercicio del poder por parte de Mugabe, quien reaccedió a la primera magistratura de su país a través de un polémico proceso electoral. A partir de está “victoria”, Mugabe pretendió seguir gobernando bajo el mismo modelo “anticolonial” con que generó tantas expectativas hace ya casi treinta años atrás. Actualmente, tal discurso se ha convertido en una excusa para su perpetuación en el poder; con el costo asociado de miseria y atraso reinante a lo largo y ancho de la antigua Rodesia del Sur.
En tal sentido, la firma del acuerdo evidencia cómo el aspecto político ha prevalecido sobre el aspecto jurídico dentro del marco del discurso y pragmatismo de los líderes africanos. Por un lado, Mugabe ha cedido parte del poder a Tsvangirai tras darse cuenta que la crisis no versaba meramente sobre la legalidad de un proceso electoral. Ahora bien, con la firma de este documento la oposición reconoce, de forma tácita, la legalidad y legitimidad de la función pública que ejerce y seguirá ejerciendo Mugabe como jefe de Estado. De este modo el octogenario se ha asegurado una buena tajada de poder.
Por otro lado, Mugabe ha reconocido, a través de este acuerdo, que no cuenta con el respaldo popular suficiente como para gobernar el país con estabilidad política y por ello reviste de legalidad y de legitimidad el nuevo rol de Tsvangirai como primer ministro. Irónicamente, Tsvangirai ha accedido al poder por medio de un consenso político en lugar del voto popular. Tal situación contradice uno de los requisitos esenciales de un sistema democrático. No obstante, en un país donde no existe una democracia tal hecho pudiera pasar desapercibido.
En tal respecto, Tsvangirai hizo saber a la comunidad internacional que firmaba el acuerdo como un primer paso para la constitución de un sistema democrático en su país. Y esta idea pareciera ser el motivo por el cual los actores internacionales que intervinieron en el proceso de negociación, tales como la ONU, la Unión Africana, Suráfrica, entre otros, han dado su expreso visto bueno al pacto Mugabe-Tsvangirai. En todo caso, este episodio hace papable las palabras de uno de los oradores de orden en la Reunión de Harare (donde se firmó el acuerdo) quien afirmó que éste era un problema de África, resuelto por los africanos a la africana.
Es posible que el pacto Mugabe-Tsvangirai se convierta en un nuevo paradigma en la forma de hacer política en África y sirva como ejemplo para futuras transiciones de poder en dicho continente. El clásico revestimiento de legalidad de los fraudes electorales al que han apelado muchos líderes africanos desde la descolonización -con el propósito de permanecer en el poder por décadas-, pareciera estar llegando a su fin. En adelante, los dictadores de turno lo pensarán dos veces antes de acometer la vieja táctica.
http://www.eluniversal.com/2008/09/17/opi_art_legitimidad-en-zimba_17A1991163.shtml
Claudio Sandoval 