Siria, el país que no será

spqsEl ataque con armas químicas en las cercanías de Damasco el pasado del 21 agosto no sólo dejó 1400 civiles sin vida, entre ellos niños inocentes, también, cual tambor de guerra, aceleró el ritmo a paso redoblado de lo que pudiera convertirse en un inminente conflicto armado internacional, si se concretara la intervención bélica, pública y directa de Estados Unidos y los aliados de ambas partes.

Hechos admitidos y controvertidos

Tanto el Kremlin como Saadat Abad y el propio Palacio Tesheen reconocen dos verdades: por una parte Siria tiene armas químicas y, por otra, en el transcurso de la guerra se ha utilizado este tipo de armamento indiscriminadamente.

Y aunque el presidente Obama acusó al actual gobierno sirio de haber cometido este crimen en contra de su propio pueblo, el presidente Al Asad insiste que los rebeldes fueron realmente los perpetradores de la masacre.

La salida diplomática

El acuerdo alcanzado entre el diplomático estadounidense John Kerry y su homologo ruso Sergei Lavrov, el viernes 13 de septiembre, sobre la destrucción y/o evacuación total del arsenal químico sirio para mediados del próximo año, tiene futuro en la medida que exista la voluntad real del gobierno árabe de cooperar en esta dirección y dependiendo del desenlace de esta crisis a instancias de Naciones Unidas (ONU).

En Israel la propuesta no ha sido bien recibida y se denuncia que Siria está ganando tiempo con el propósito de esconder su arsenal, destruirlo y/o colocarlo parcialmente en lugares estratégicos para ser utilizado en caso de materializarse la intervención extranjera.

El informe de los expertos de la ONU

El mismo día que tuvo lugar el pacto ruso-estadounidense en respuesta a la matanza, el Secretario General de la ONU, embajador Ban Ki-moon, adelantó conclusiones del informe y acusó al mandatario sirio de cometer “numerosos crímenes contra la humanidad […]”. Entre líneas es posible leer que, internamente, la ONU está dispuesta a llevar el asunto hasta las últimas consecuencias, sin que deba descartarse su sometimiento ante el Consejo de Seguridad a fin de examinar una acción militar colectiva, de conformidad con lo previsto en el capítulo VII de la carta de la ONU.

Conclusiones y pronóstico

1.       A diferencia del derrocamiento de Hussein, no existe duda que el gobierno sirio posee arsenal químico y que en su país se han usado recientemente armas químicas en contra de combatientes y civiles.

2.       El manejo de armamento químico por los Estados se encuentra ampliamente regulado y su uso contra la población civil está absolutamente prohibido por el Derecho internacional. Incluso, cualquier agresión química efectuada por grupos armados fuera del control gubernamental genera la responsabilidad del Estado. La imposibilidad de las autoridades sirias de prevenir violaciones masivas de los derechos humanos en su jurisdicción hace recaer la responsabilidad [obligación] de proteger a la población civil en manos de la comunidad internacional quien podría intervenir legítimamente en el conflicto con el objeto de contribuir a restablecer la paz y seguridad en Siria.

3.       Con su proactiva participación en la hoja de ruta alternativa comentada en líneas precedentes, Rusia continua ratificando dos intereses geopolíticos prioritarios: en primer lugar, quiere evitar la situación de Afganistán, es decir, tener al adversario apuntándole desde el patio trasero; en segundo lugar, la deposición de Al Asad reduciría su cartera de aliados en la región. Subsidiariamente, la salida diplomática, previa publicación del informe de expertos de la ONU y de hechos desconocidos, le permitiría a Moscú lavarse las manos elegantemente en caso de verse obligado a no ejercer el derecho de veto en la ONU para impedir medidas contra el gobierno de Siria.

4.       La diplomacia de micrófono ejercida por Estados Unidos y Siria indica que ambos países están comprando tiempo en la espera de poder resolver asuntos internos. La Casa Blanca no solo necesita el apoyo del congreso, que ha abogado por el agotamiento de los mecanismos pacíficos, igualmente debe definir los términos de la potencial operación, como por ejemplo, quienes participarían en los despliegues terrestres de control del poder y de búsqueda del arsenal químico y, finalmente, cómo neutralizar la inminente respuesta armada de Irán. Ahora, Damasco está consciente que la amenaza estadounidense no es disuasiva por lo que le conviene prolongarla para apertrecharse mientras se abren otros caminos alternos.

5.       La situación histórica de Siria hace pensar que el país se fragmentará, con un sur independiente y los Altos del Golán anexados a Israel.

6.       Si bien la coyuntura siria pudiera ser evaluada como un estado guerra absoluta, según Clausewitz, es menester exhortar a las partes combatientes a deponer las armas y a negociar una administración del poder conjunta, inédita y adaptada a la realidad socio-política de la nación árabe.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/130919/siria-el-pais-que-no-sera

Advertisements

No puedes salirte del Pacto de San José

Tanto el Derecho Interno como el Derecho Internacional impiden al presidente Chávez retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

En el ámbito nacional, dicha afirmación se fundamenta en los artículos 19 y 23, en concordancia con los artículos 2, 3, 7 y 152 de nuestra Constitución Nacional (CRBV). En líneas generales, el mandato de la CRBV comprende dos ideas: El Estado no puede denunciar la CADH porque ello constituye una medida regresiva en contraste con la evolución del estándar protectorio alcanzado en materia de Derechos Humanos (DDHH). Aunado a esto, la CADH tiene rango constitucional y es jerárquicamente superior a la CRBV cuando sus normas sean más favorables a la persona humana (supraconstitucionalidad en razón del principio pro homine).

A su vez, lo anterior produce dos consecuencias: Primero, existe una restricción a las facultades del ejecutivo para denunciar Tratados de DDHH ratificados por la República. Segundo, el retiro de la CADH ni siquiera sería válido con la derogación de la ley aprobatoria que la incorporó sino que es necesario reformar la Constitución, partiendo de los términos establecidos en su artículo 342. Por ambas razones, en conexión con el artículo 25 CRBV, el acto que contiene la referida denuncia resulta nulo.

En la esfera jurídica internacional, el sistema interamericano tiene la obligación de determinar la nulidad de la notificación hecha por la administración Chávez y si surte efectos a instancia de la OEA, a la luz de la CADH. Ello obedece a que el Derecho Internacional también reconoce la figura de los actos unilaterales nulos. Uno de los supuestos de invalidez de un acto unilateral ocurre cuando el agente del Estado, en virtud de su Derecho Interno, tiene restricción especifica de poderes para manifestar la voluntad Estatal (Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, presentado en su 54 periodo de sesiones, para 321).

Y ¿qué es la voluntad de un Estado? Aquella que se encuentra originariamente consagrada en su Constitución y leyes, es decir, se expresa por medio del Estado de Derecho, pudiendo coincidir o no con el deseo personal del gobernante de turno.

Me explico con un ejemplo: Si el presidente Chávez consiente instalar bases militares rusas, iraníes o chinas en Venezuela, dicho acto es nulo, pues más allá de su voluntad, la que prevalece es la de nuestra nación-Estado según la cual no se podrán establecer “bases militares extranjeras” en el país (artículo 13 CRBV). Lo mismo aplica para el punto abordado, vale concretar, el consentimiento de Chávez de abandonar el Sistema Interamericano de Protección de DDHH es contrario a la voluntad del Estado, como se evidencia de los artículos constitucionales citados.

En consecuencia, estamos planteándole a la CIDH que someta una solicitud de opinión consultiva (artículo 64 CADH) a la Corte IDH para que en su condición de máximo garante del “control de convencionalidad” de la CADH se pronuncie sobre los siguientes asuntos: En relación con la CADH, en el marco de su artículo 78: 1. ¿Cuáles son las condiciones de nulidad de una denuncia? 2. Si los poderes de un representante para manifestar la voluntad de un Estado en denunciar la CADH ha sido objeto de una restricción específica de Derecho Interno, ¿debe entenderse que la inobservancia de esa restricción por tal representante perfecciona un vicio del consentimiento que invalida la denuncia? Respecto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT): 2. En el marco del artículo 78 de la CADH ¿puede aplicarse análogamente el contenido del artículo 47 de la CVDT (que codifica costumbre) al acto unilateral de denuncia de la CADH y considerarlo nulo? La CIDH también pudiera preguntarle a la Corte IDH que exponga su opinión acerca de la compatibilidad del instrumento declaratorio de la denuncia respecto de la CRBV y la propia CADH (artículo 72 del Reglamento de la Corte IDH).

De cualquier modo, aunque Chávez tenga éxito en su intento de debilitar políticamente a la CIDH, convirtiéndola en una institución de cócteles y banquetes, en el campo jurídico los venezolanos seguirán teniendo la posibilidad de elevar peticiones ante la Comisión, con base al proceso cuasi-judicial de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 23 Reglamento de la CIDH). La buena noticia es que de acuerdo al Derecho Interno venezolano, las sentencias de la Corte IDH y las decisiones-recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento, gracias a la orden taxativa del artículo 31 CRBV.

Chávez sólo tiene dos caminos de evasión del sistema interamericano, ya sea abandonando la OEA o consiguiendo que se reforme la Carta de la organización y se excluya a la CIDH como órgano principal (artículo 106). La segunda alternativa es más difícil de alcanzar que la primera.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/121129/no-puedes-salirte-del-pacto-de-san-jose

ONU presiona a Venezuela por caso Cedeño

La reciente decisión emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso Eligio Cedeño contra Venezuela (CCPR/C/106/D/1940/2010) representa un contundente revés diplomático y jurídico para el gobierno del presidente Hugo Chávez.

De acuerdo con la comunicación del Comité (para. 8), Venezuela violó el derecho fundamental de Cedeño a ser juzgado en libertad y conforme con el debido proceso (Artículos 9 y 14 paras. 1, 2, 3, c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “PIDCP”). En consecuencia, se ordena al Estado venezolano a reparar a la victima mediante la conducción de un juicio con garantías procesales, sin que el imputado esté privado de libertad mientras dure el proceso, proporcionando una indemnización respectiva y evitando repetir tales violaciones en el futuro (para. 9).

La publicación de este dictamen no pudo ser más oportuna, habida cuenta del reciente ingreso de la nación en el Consejo de Derechos Humanos de la misma organización internacional.

La ONU, ha dado una lección al gobierno bolivariano y a todos aquellos observadores superficiales que siguen sin comprender realmente cómo opera dicho ente.

Frente a esta decisión, la delegación venezolana no tendría más remedio que manifestar su desacuerdo sin que pueda darse el lujo de iniciar una campaña sucia de descrédito en contra de la organización que ha venido alabando recientemente.

Crítica a la estrategia diplomática de Venezuela en Derechos Humanos (DDHH)

La denuncia la Convención Americana de DDHH (CADH) resulta infructífera porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también es un órgano principal de la OEA, a tenor de su carta fundacional (artículo 106). Esto significa que, fuera del marco de la CADH, la CIDH cumple un papel más político que jurídico. De manera que el principal objetivo del presidente Chávez, el cual era evitar el escrutinio político sobre su gobierno a instancias de la CIDH, sigue intacto. Dicho órgano y las ONGs continuarán interpelando anualmente a Venezuela en relación con su desempeño en materia de DDHH.

Si bien la denuncia de la Convención no resolvió la molestia presidencial, de llegarse a materializar, produciría un daño colateral a nivel de las victimas de violaciones de DDHH que no podrán acudir a la Corte Interamericana de DDHH. Ello, sin embargo, otorgaría mayor protagonismo a la CIDH ya que estas victimas podrían canalizar sus casos ante ella, vía la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Por otro lado, con su entrada al Consejo de DDHH, Venezuela pretendió opacar diplomáticamente el descrédito que significa su salida del Pacto de San José. Desde esa tribuna aspira limpiar su imagen de cara a la comunidad internacional.

¿Cómo funciona el Comité de DDHH?  

Se trata de un órgano eminentemente jurídico, constituido por expertos independientes. Se encarga de emitir observaciones y conocer denuncias en materia de DDHH, en vigilancia del PIDCP (artículo 28) y del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PFPIDCP).

Venezuela ratificó ambos tratados el 10 de mayo de 1978 (Con la reserva de la omisión del artículo 14 para. 3, d, del PIDCP el cual no contempló la atribución del Estado de juzgar en ausencia a quienes hayan sido imputados por la comisión de delitos contra la república).

En otras palabras, cualquier persona puede acudir a esta instancia cuasi-judicial cuando el Estado venezolano le haya conculcado sus derechos humanos.

¿Cómo funciona el Consejo de DDHH?

El Consejo es un ente íntegramente político, encargado de ofrecer su aporte sobre los DDHH desde la perspectiva de los Estados. Como tal, tiene su justificación en el derecho de los gobiernos de proveer su versión de la historia ¿porqué no?

Unido a lo anterior, si la ONU está conformada por Estados miembros mayoritariamente antidemocráticos, entonces no debe causar asombro que Venezuela forme parte de este Consejo. Ahora bien, si la condición sine qua non de admisión al Consejo y a la ONU fuera la probidad en relación con los derechos fundamentales, sería un club exclusivo de Suiza y los países escandinavos. Ello desnaturalizaría la verdadera razón de ser de la institución.

Gracias a la admisión de Venezuela en este foro, ONGs como Human Rights Watch que tenían dificultades para escrutar la actuación del Estado, podrán sentarse cara a cara con los delegados venezolanos.

Conclusión

La ONU puede llegar a convertirse en un arma de doble filo, donde el Estado depredador terminaría siendo presa. El Consejo de DDHH es una especie de carnada política que invita a participar a los Estados en un entorno condicionado por los DDHH. La verdadera efectividad de la ONU en este campo subyace en los órganos y agencias especializadas como el Comité de DDHH. Después que los Estados involucrados legitiman el sistema con su aquiescencia, resulta complicado deslegitimarlo diplomáticamente.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/121123/onu-presiona-a-venezuela-por-caso-cedeno

http://www.generaccion.com/noticia/174443/onu-presiona-venezuela-por-caso-cedeno