El problema pica y se extiende

Mi artículo de la semana pasada causó incomodidad entre la mayoría de mis lectores chavistas. Esta semana les dedico las siguientes líneas, con el ánimo de comentar sobre sus inquietudes.

Se acusa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no ser imparcial pues es muy dura con Venezuela y, por el contrario, ambivalente con Colombia y Estados Unidos. Siendo que en Colombia existe una guerra civil y abundan las masacres, los secuestros y los crímenes de guerra. Ahora bien, el reciente informe sobre Venezuela está enmarcado dentro de la actuación política de la CIDH. En esa perspectiva, la CIDH promueve y defiende la democracia occidental y los valores esenciales de dicho sistema político -reflejados en los derechos humanos (DDHH). El problema se presenta en vista de que el presidente Chávez ha manifestado abiertamente ser anticapitalista y no estar interesado en ningún otro tipo de corriente derivada del pensamiento liberal. Lógicamente, los valores que sustentan las funciones de la CIDH son diferentes a los valores marxistas acogidos por el Mandatario nacional. Mientras que el presidente Uribe está casado con la visión occidental y, de paso, es miembro del club de aliados de Estados Unidos -por ahora, la máxima potencia global.

Por esa razón, algunos lectores cuestionaron la autoridad moral de la CIDH. Otros lectores rechazaron las fuentes utilizadas por la CIDH en su informe y a los denunciantes al considerar que esos medios de comunicación son golpistas, palangristas y que se trata de la oposición y ONGs financiadas por el “imperio norteamericano.” Esto sería parte del contexto pero no es el tema central. Por el contrario, de lo que se trata es de aceptar que en materia de asuntos públicos la calidad del informante no es más importante que la calidad de la información presentada. Por ejemplo, el ex alcalde de Nueva York, Eliot Spitzer, no renunció a su cargo en 2008 por el hecho de que la denunciante era una prostituta sino debido a que la acusación -le había pagado para tener sexo- era válida.

Y esto cobra mayor fuerza cuando los propios lectores reconocen que la lista Tascón es un mecanismo estatal sistemático de discriminación en razón del pensamiento político. También admiten que en Venezuela ocurren retaliaciones por parte del Estado en contra de aquellas personas que expresan libremente su oposición al Gobierno. En cuanto al constante estado de inseguridad, que cobra la vida de venezolanos y viola la integridad personal de otros diariamente, ellos consideran que, ciertamente, el Estado es ineficiente.

En ocasiones el apoyo político comporta más componentes emocionales que racionales. Por eso es que muchos apoyan a Chávez aun cuando tienen elementos objetivos sobre una gestión pública deficiente. Esto también se debe a que, como dice el refrán, “barriga llena no cree en hambre ajena”. No obstante, debemos entender que la posición individual de una persona es correlativa a la posición social de su entorno. Por lo tanto, no esperemos ser victimas directas de malas políticas estatales para solidarizarnos con los demás. Mientras muchas personas tienen mejor calidad de vida en el presente, otros sufren producto de la inseguridad y/o son considerados ciudadanos de segunda categoría por aparecer en la lista Tascón o no aparecer inscritos como miembros del PSUV. Usted sabe, mejor que yo, lo que puede hacer para contribuir a solucionar este problema.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/100316/el-problema-pica-y-se-extiende

CIDH vivita y coleando en Venezuela

Soñar no cuesta nada. Pues resulta prácticamente imposible que Venezuela se “retire” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo anterior requeriría que Venezuela dejara de ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Trataré de explicarle en términos sencillos el mecanismo aplicable.

La CIDH nace a partir de la Declaración de Chile de 1959 como un intento de la OEA de detener la violación masiva de los derechos humanos del pueblo cubano llevada a cabo por la entonces recién instaurada revolución castrista. Luego, en 1967 los países miembros de la OEA deciden incorporar a la CIDH como órgano principal de la organización en los términos establecidos en el artículo 106 de la Carta de la OEA. Seguidamente, en 1969 la CIDH pasó a ser un órgano de protección de los Derechos Humanos (DDHH) dentro del marco normativo de la Convención Interamericana sobre DDHH (Convención Americana). Quiere decir que la CIDH actúa, por un lado, observando el mandato de la Carta de la OEA y, por otro lado, como órgano ejecutor de la Convención Americana. Si bien ambos tratados están vinculados, tanto la Carta de la OEA como la Convención Americana operan de forma independiente.

Por lo tanto, que Venezuela deje de formar parte de la Convención Americana (si este fuera el caso) implicaría, fundamentalmente, que la CIDH no podría seguir sometiendo casos venezolanos ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH). Y en sí misma, esta medida del mandatario venezolano no lograría cumplir su objetivo primario ya que la CIDH seguirá siendo competente para ejercer las funciones que emanan de la Carta de la OEA, incluyendo la publicación de informes sobre la situación de los DDHH en Venezuela. Precisamente, dichos informes conforman el principal elemento polarizante en las relaciones del presidente Chávez y el órgano regional.

Pero es que, incluso, considerando el supuesto de un “retiro” total de Venezuela de la OEA, la CIDH seguiría denunciando las violaciones de los DDHH en nuestro país. En efecto, así lo ha hecho la Comisión con respecto a la situación de los DDHH en Cuba -que es un país sin voz ni voto formal en la OEA desde los años 60. Es decir, la CIDH ha persistido en el ejercicio de su rol político de protección de los DDHH a través de la publicación de informes y condenas recurrentes en contra de las prácticas lesivas de los derechos fundamentales del pueblo cubano por parte del régimen castrista.

En contraste al caso cubano, la CIDH tuvo un papel clave en la salida del poder de Fujimori; sobre todo después del 08 de julio de 1999, fecha en la cual el golpista Fujimori aprobó por medio de su Congreso el “inmediato” desconocimiento por parte del Estado peruano de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Pero fue de tal magnitud la presión en contra de ese régimen que un año y cuatro meses más tarde “el chino” fue depuesto de la Presidencia.

En todo caso, el “retiro” de Venezuela de la Convención Americana o de la OEA no tiene efecto inmediato sino que se haría vigente una vez que haya concluido el periodo de un año. El mismo comenzaría a contarse a partir del momento en que se introduzca “formalmente” tal denuncia. Ello tampoco impediría que el sistema interamericano de protección de los DDHH siga conociendo de aquellos casos sometidos antes de la introducción formal de la referida denuncia, como por ejemplo el expediente sobre la inhabilitación política de Leopoldo López, entre otros casos pendientes.

En conclusión, tenemos lecciones aprendidas a partir del caso cubano y del caso peruano. La experiencia del caso cubano nos enseña que el papel de sonar la alarmas internacionales por parte de la CIDH es efímero si no existe a lo interno un pueblo y liderazgo decidido a luchar efectivamente contra un régimen antidemocrático. Paralelamente, la experiencia peruana pudiera repetirse en Venezuela de existir un colectivo comprometido con la democracia, la defensa de los derechos humanos y un líder unitario que represente la voluntad popular, como fue el caso de Alejandro Toledo, en Perú. En cuanto la CIDH, estoy seguro que continuará respaldando la democracia venezolana a nivel internacional. Ahora bien, todavía está por verse si nuestra historia terminará asemejándose al caso cubano o al caso peruano. De cualquier modo, la decisión de mover la balanza de un lado u otro reside, principalmente, en nosotros mismos.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/100303/cidh-vivita-y-coleando-en-venezuela