Sin salida electoral

Los elementos aportados en mis dos artículos anteriores evidencian que las violaciones a la Carta Democrática Interamericana por parte de nuestra República no son errores o fallas eventuales del sistema sino que se han convertido en transgresiones históricas, sistemáticas y deliberadas.

En otras palabras, la subordinación del Poder Judicial y del Poder Legislativo a las órdenes del Poder Ejecutivo constituyen una política de Estado -juez que no se doblegue va preso como María L. Afiuni y aquel parlamentario que no obedezca se le aplica la ley antitalanquera.

El problema se complica porque la falta de independencia de los poderes públicos también salpica al Poder Electoral venezolano. Y es que, diversas auditorías e investigaciones científicas (disponibles a solicitud del interesado), concluyen que el sistema electoral venezolano no es transparente y confiable.

Los vicios encontrados colocan en situación de ventaja electoral al sector oficialista en varios flancos, a saber: 1) Se ha manipulado el registro electoral; 2) las maquinas de Smartmatic y la red de trasmisión de resultados bajo el control de la Cantv son vulnerables; 3) se ha modificado el marco jurídico y los circuitos electorales para favorecer al gobierno de turno; 4) persiste la intimidación y chantaje hacia los empleados públicos; 5) continúa el uso abusivo de los recursos del Estado para hacer campaña político-electoral; 6) el mecanismo de acreditación de los observadores internacionales es altamente discrecional; 7) los grupos de choque oficialistas han arremetido e impedido descaradamente que los venezolanos demócratas ejerzan las funciones de miembros de mesa y resguardo del voto.

Por eso resulta casi imposible ganarle al oficialismo. Incluso, cuando un candidato opositor obtiene la victoria, el Estado venezolano viola el derecho al voto al impedir que se materialice efectivamente la voluntad soberana del elector. En Caracas, por ejemplo, el Estado, a través de una ley inconstitucional, impuso a dedo, en un cargo de elección popular, a Jacqueline Farías para neutralizar la gestión del alcalde metropolitano.

Aunado a lo anterior, ¿Acaso se puede creer que el derecho al voto será respetado cuando escuchamos a un presidente y a un general de la República declarando públicamente que la Fuerza Armada no reconocería el hipotético triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 2012?

Tampoco debemos olvidar que la oposición y el Gobierno negociaron el resultado electoral del referendo del año 2007. Hasta ahora la mayoría de los venezolanos no conocemos el verdadero resultado final ya que ni siquiera tenemos acceso a las actas.

Esto no quiere decir que la abstención sea la solución. Si nos abstenemos, el adversario no tiene necesidad de hacer trampa para ganar. Ahora bien, si votamos y somos mayoría, se coloca en una situación aterradora al detentador del poder porque se verá obligado a montar la trampa-fraude y a persuadir al garante de los resultados para que avale tal acción. Estamos hablando de un tipo de presión ético-jurídica que no todos alcanzan a soportar. De manera que el voto puede convertirse en la gota que haga derramar el vaso.

Finalmente, la sociedad civil está obligada a presentar una estrategia de depuración del proceso electoral venezolano que impida a los actores políticos negociar y consentir resultados electorales fraudulentos a través de la repartición de cuotas de poder.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/110202/sin-salida-electoral

Advertisements