¿Por qué la negociación sería inútil?

Pienso que la negociación es la mejor alternativa para alcanzar reglas mínimas de convivencia civilizada. Se trata de una postura que he venido predicando en mis análisis durante años (por ejemplo, “Las claves del diálogo (propuesta)”; “Las sanciones de Trump”; “¿Hacia dónde va Venezuela ahora?”; “Henry, escucha con humildad”; “El perfecto idiota venezolano”; entre otros).

Partiendo de la comprobada inviabilidad del modelo socialista y del nivel de devastación socio-económica de la nación, el principal objetivo de una negociación no puede ser un pacto de cohabitación entre las partes, sino la estipulación de los términos de la salida de Maduro.

Ahora bien, incluso si la autocracia aceptara esta condición elemental, el éxito del proceso no estaría garantizado, toda vez que la MUD-AN, aun sin capacidad de lograr el cambio por sí sola, se muestra indispuesta a conceder recompensas a actores claves.

La MUD-AN no está tendiendo puentes

La negociación exitosa es una forma de transacción porque implica contraprestaciones: cedo una cosa a cambio de algo. En este sentido, considero que la MUD-AN está cometiendo tres errores. En primer lugar, excluye de su pacto de gobernabilidad al chavismo descontento. En segundo lugar, en la MUD-AN impera la corriente que menosprecia a la Fuerza Armada, a pesar de que el ejército no sólo es un factor de poder real sino también el principal sostén del régimen. El tercer error tiene que ver con las constantes amenazas generalizadas en contra de funcionarios públicos y de la FANB, las cuales incluyen cárcel y toda clase de desgracias inenarrables.

Bajo esta perspectiva, la MUD-AN pareciera compartir con el régimen un mismo enfoque frente a la crisis: la ley del embudo. Y con esa postura implícita, lo que se nos muestra públicamente es que la MUD-AN toma distancia, en lugar de concretar alianzas de gobernanza con dos de los factores que pueden materializar el punto de quiebre y capitalizarlo.

Tipos de salidas negociadas

En política comparada se estudian dos grandes mecanismos: la ruta electoral y el gobierno interino. En el primer caso, el acuerdo gira en torno a la realización de elecciones competitivas dentro de un plazo perentorio, con votación libre, universal, directa y secreta,  y donde el propio régimen puede participar.

En lo que respecta al gobierno interino, en algunos casos está conformado por miembros de la oposición y del antiguo régimen y en otras experiencias la ruptura es total. A diferencia de la salida electoral, el nuevo gobierno estaría encargado de estabilizar el Estado antes de que se celebren elecciones.

¿Cómo se llega a la negociación exitosa?

Tienes que compartir cuotas de poder con la FANB y el chavismo descontento. También debes ofrecer salvoconductos a actores estratégicos del régimen para reducir el costo de salida e incentivar la cooperación. Por ejemplo, en el caso de la transición chilena –invocada con frecuencia por los políticos-, la oposición no se enfrascó en propuestas humillantes y dramáticas para su contraparte, el General Pinochet.

El régimen debe dar el primer paso

Si bien existen divisiones y crisis de liderazgo en la oposición, la situación del chavismo es similar. Su líder oficial, Nicolás Maduro, es objeto de fuertes presiones internas que promueven la toma de decisiones polarizadas sobre este asunto.

Aunque la casa por cárcel para Leopoldo López es un avance, resulta insuficiente. En este momento, Maduro tendría que (1) frenar su “constituyente” y (2) presentar públicamente sus condiciones-aspiraciones de modo, tiempo y lugar para aceptar el cambio de régimen. De lo contrario, el diálogo es más de lo mismo, una iniciativa de mala fe para ganar tiempo en el poder y continuar al margen del orden constitucional.

Enlace de fuente:http://www.lapatilla.com/site/2017/07/24/por-que-la-negociacion-seria-inutil-por-claudiopedia/

Sanciones a Venezuela: ¿Estrategia acertada?

Las sanciones contra Venezuela podrían ser unilaterales y/o multilaterales, dependiendo de si provienen de un país particular o de un bloque de países, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, respectivamente

Bajo el Derecho Internacional podría debatirse si la reacción unilateral o multilateral de las sanciones contra Venezuela que esta semana han asomado Estados Unidos y la Unión Europea encuadra en lo que se conoce como retaliaciones o contramedidas. De ello también depende la legalidad y legitimidad internacional de cualquier sanción.

Las potenciales sanciones tendrían, al menos, tres implicaciones previsibles en los ámbitos económico-financiero, militar y sociopolítico. En ese sentido, Venezuela podría ser incluida en la lista de países con régimen especial de exportación de ítems de uso dual o reciproco. Ello conllevaría controles que dificultarían la exportación e importación de productos y servicios desde y hacia Venezuela.

La prohibición de asistencia económica sería otra forma de sanción. Si la medida proviene de Estados Unidos el alcance e impacto no sólo sería unilateral, sino también multilateral en caso que incluya veto sobre préstamos de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Existe otra variedad de contramedidas, generalmente denominadas restricciones financieras misceláneas. Eso involucraría la prohibición de compañías sujetas a la jurisdicción sancionadora de realizar transacciones comerciales con empresas del estado venezolano, incluidas Pdvsa, Citgo, la CVG, por mencionar algunas.

En el campo de seguridad y defensa las sanciones pueden comportar la prohibición de venta de armas y productos y servicios asociados al armamento de tipo bélico, como repuestos para unidades de combate y entrenamiento operativo de esas tecnologías.

Considero que para el caso actual del país las sanciones generales de cualquier naturaleza contra Venezuela son contraproducentes. He sostenido y promovido el establecimiento de sanciones individuales contra personas naturales y jurídicas –particularmente funcionarios públicos– involucradas en violaciones de derechos humanos y acciones verificables para conspirar en contra del orden democrático establecido en la Constitución venezolana. Pero sanciones contra Venezuela no sólo afectarían al gobierno, sino también a la nación y de allí que los niveles de rechazo hacia esas medidas serían abrumadores. Concretamente, el impacto sociopolítico de sanciones contra el país sería significativamente negativo por varias razones.

En primer lugar, crearía la excusa perfecta para justificar el discurso de la guerra económica y la lucha contra el imperialismo. Ambos temas representan el argumento exculpatorio principal del gobierno frente a la crisis, aunque las principales encuestas señalan que la mayoría de los venezolanos atribuyen al Ejecutivo mayor responsabilidad ante la situación. De allí también derivan sus porcentajes elevados de impopularidad.

En otras palabras, existe el riesgo de que las sanciones generales victimicen al gobierno y potencien la polarización. Algo parecido a lo que observamos en Cuba, donde el embargo estadounidense sirve de excusa para cualquier aspecto negativo que impacte al gobierno. Ese tipo de medidas también pueden refrescar la popularidad de la elite gobernante, la cual apelaría a sentimientos nacionalistas legítimos para mantenerse en el poder ilegítimamente.

Más grave aún, dependiendo del alcance práctico de sanciones económicas generales, el caos y la crisis humanitaria causaría el colapso definitivo del Estado y una tragedia migratoria que impactará en todo el hemisferio, incluido el propio Estados Unidos.

En conclusión, el tema de la imposición de sanciones es muy delicado. En este caso particular, la lógica debe estar orientada a imponer contramedidas hacia personas específicas para elevar el costo político y económico en el gobierno, sin que ello cause daños colaterales a las verdaderas víctimas de la crisis: la mayoría de los venezolanos.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/07/19/sanciones-venezuela-estrategia-acertada/

¿Y ahora qué?

El resultado del plebiscito comporta diversas lecturas, incluyendo algunas buenas noticias y otras no tan buenas. En primer lugar, se confirma que el fuerte de la MUD es su plataforma electoral, la cual incluye alta capacidad técnica y logística en esta área, así como efectividad a la hora de movilizar a millones de personas con fines electorales.

En segundo lugar, el plebiscito fue en esencia otra forma de protesta política, la más exitosa en los últimos meses en términos de masificación y no-violencia. Pienso que el régimen quedó completamente desarticulado, pues su estrategia de desmasificar y generar reacciones violentas mediante la represión no encajaba del todo con la dinámica de esta protesta. Por ello, los lamentables sucesos que cobraron la vida de una venezolana en Catia y dejaron varios heridos, a manos de partidarios del gobierno, fueron excepcionales.

Indistintamente de la precisión en relación con el número total de votos, lo cierto es que millones de venezolanos salimos a la calle a manifestar en contra de la dictadura, lo cual disipa algunas dudas en torno a la capacidad de la MUD de masificar la protesta. Ahora bien, un reto pendiente de la MUD es el de movilizar a millones de seguidores con ocasión a otras formas de protesta fuera del campo electoral.

A mi modo de ver, un mensaje directo e importante de esta experiencia es que la mayoría de los venezolanos no están dispuestos a marchar o a plantarse en la calle bajo el liderazgo MUD. Es decir, el mensaje de la gente a la MUD fue el siguiente: si me pides que vote, salgo a la calle y me verás multiplicado en millones. No obstante, sería erróneo interpretar que a partir del 16 de julio existen millones de personas activadas para participar en la defensa de la democracia mediante mecanismos distintos al electoral.

Una cosa es votar y otra muy distinta es resistir la represión del régimen. Esto explicaría por qué la vanguardia de todas las marchas totalizadas en los últimos tres meses se cuenta por cientos de miles, mientras que la vanguardia del plebiscito sumó millones en tan solo un día de protesta.

El evento también nos dio a saber que en lo que respecta al ámbito electoral, los mecanismos de acción colectiva de la sociedad civil organizada se han fortalecido a nivel nacional e internacional.

La mala noticia

Si existía alguna probabilidad de que Maduro aceptara la realización de elecciones democráticas, el éxito abrumador del plebiscito liquidó tal escenario. En consecuencia, dentro del marco de los escenarios de ruptura, la salida electoral –la vía convencional- queda prácticamente descartada, mientras que la salida cívico-militar cobra mayor fuerza en el corto plazo.

Aunque la probabilidad de la salida cívico-militar es alta como mecanismo de ruptura, hasta ahora se muestra baja como escenario en el mes de Julio. Y el tema es que sin apoyo militar no hay cambio político frente a un sistema autoritario que cerró la ruta de elecciones democráticas. Quizás el resultado del plebiscito alterare el estado actual de las cosas dentro de la FANB.

Lo convenido

Las mayorías quieren votar. Sin embargo, las variables de la coyuntura indican que mientras Maduro desgobierne Venezuela, las probabilidades de elecciones democráticas son muy bajas. En ese sentido, la MUD y la AN están obligadas a crear condiciones para satisfacer ese deseo de las mayorías. Un paso ineludible en esta dirección implica sacar a la cúpula gobernante de Miraflores.

A partir de esta semana, la AN y la MUD tendrán que confrontar al gobierno a cualquier riesgo. Vale aclarar que no se trata de una pretensión caprichosa, pues la ruptura política fue una consigna clave de la MUD en el año 2015 y luego convertida en prioridad a nivel de la Asamblea Nacional durante todo el 2016.

Resulta oportuno recordar que el pueblo le dio la mayoría a la oposición en la AN para que impulsara un cambio de gobierno, y si había duda de esto, el plebiscito acabada de ratificarlo.

Enlace de fuente: https://www.lapatilla.com/site/2017/07/17/y-ahora-que-por-claudiopedia/

Leopoldo López y la salida de julio 2017

¿Cuál será el impacto de la casa por cárcel otorgada a Leopoldo López (LL)? ¿Es posible que ocurra un cambio de régimen antes de agosto? ¿Cómo sería esa salida inminente?

La medida humanitaria a favor de LL permite mencionar tres escenarios, uno donde cataliza la salida de Maduro en un plazo perentorio, un segundo escenario donde, por el contrario, contribuye a mantener en pie al tambaleante gobierno, y un tercer escenario en cual su efecto no es significativo en ninguna de estas direcciones.

Por su parte, al no estar previsto oficialmente un mecanismo de negociación o de elección presidencial hacia una transición, la ruptura política en el corto plazo sólo podría ocurrir mediante una intervención militar. Ahora bien, este escenario no pareciera ser el más probable con respecto a las alternativas planteadas por las partes en conflicto –un “plebiscito” para el 16 de julio y la mal llamada Asamblea “Constituyente”.

Las dos nuevas variables de julio

Los últimos cien días de la crisis transcurrieron en el marco de protestas de calle, choques institucionales y presión internacional. El momento decisivo de la actual coyuntura podría ocurrir con la adición y convergencia de dos nuevas variables: el factor electoral y el factor militar.

Por ejemplo, las elecciones pautadas para este mes requieren el despliegue del ejército en las calles, como parte del plan de seguridad y defensa de la nación. En caso que la gente impida la realización del proceso electoral y/o genere una situación que obligue al ejército a intervenir, éste tendría que decidir si defiende a los protestantes o al régimen. Bajo tal perspectiva, el mes de julio facilitaría las condiciones que hicieron improbable la intervención del ejército en los últimos tres meses.

Esto nos llevaría al siguiente punto ¿podrá la gente, en efecto, impedir la constituyente y forzar una actuación castrense? Si fuera el caso ¿a quién protegería el ejército, al pueblo opositor o a la cúpula gobernante?

Leopoldo López como factor en julio

El régimen considera que este beneficio dado a LL es favorable, bien sea porque contribuirá a apaciguar la calle, produciendo un nivel de estabilidad política suficiente para alcanzar sus objetivos inmediatos, o debido a que no le genera costo político significativo.

Sin embargo, existe la posibilidad de que LL logre llenar el vacío de liderazgo en la oposición, moralice la protesta y canalice el descontento popular de forma tal que frustre los cálculos del gobierno total o parcialmente.

Semanas cumbres

La elite gobernante entiende que el proceso electoral constituyente y la concesión hecha a LL son armas de doble filo. No obstante, el riesgo de entregar el poder –costo de salida- sería superior e incomparable, a su parecer.

La fecha de liquidación de cualquier resquicio democrático-institucional en Venezuela ha sido fijada por el régimen. No tengo duda de que este mes será definitorio del panorama político venezolano para lo que resta del año.

Por último, me alegra sobremanera que LL hoy esté en su casa y en familia. Estoy convencido de que los niños merecen crecer con la presencia irremplazable de su papá. A pesar de que tenemos un reto gigantesco por delante, sueño con ver la restitución plena de la libertad colectiva de la nación venezolana y de todos los presos políticos, a partir de agosto.

Enlace de fuente: http://www.lapatilla.com/site/2017/07/10/leopoldo-lopez-y-la-salida-de-julio-2017-por-claudiopedia/

Why Leopoldo López, Venezuela opposition leader, was released from jail?

Venezuela’s most high profile political prisoner, Leopoldo Lopez, would be held under house arrest after spending more than three years in a military prison, the Supreme Court ruled today before dawn. Lopez was arrested in February 2014 and handed a 13-year jail term in 2015 for allegedly inciting violence during anti-government demonstations, officially known as “La Salida”. In this short analysis, I focus on one of the -at least- six reasons behind the measure.

quid pro quoThere is something certain about the news, it deals another major political blow to the government after three months of unrest that have left more than 100 repression-related casualties and deepened the crisis in a country with the worst performing economy in the world, according to data from the International Monetary Fund.

The ruling elite, who had provided systematic declarations rejecting “mercy” petitions for this opposition hardliner, is taking one important step back in an attempt to move forward with its overall goal of remaining in power indefinitely. How? July is the sort of D-Day for the Venezuelan democracy. The political events that are expected to take place this month- including potential elections of members of a fraudulent constituent assembly to rewrite the constitution under more favorable terms for the government (see my analysis on this issue here)- will shape Venezuela’s political landscape for the rest of the year –and,–perhaps, beyond 2017…

It is, therefore, natural that the regime wants to deescalate political instability through this bold move. On one hand, the government may want local and international public opinion to believe that it is not a unilateral act but a mutually agreed condition, as part of a new stage of the so-called “dialogue” that took place in 2016 and neutralized streets protests against the government until last March. Whether the government would succeed by implying that the opposition sold the people out and secretly negotiated co-optation and Lopez’s personal liberty at the expense of collective poverty is an open question.

On the other hand, there is a risk that Lopez’s political radicalization and potential popularity boost may fill the leadership gap that currently affects the opposition and help moralize their supporters in the wake of critical street events that have been scheduled within the forthcoming weeks.

Other variables explaining the government’s behavior may include the recent attack against Venezuela’s opposition-controlled congress, the desire to work on its undemocratic image at the local and international levels, its efforts to legitimize the government-controlled Supreme Court, a campaign to weaken Attorney General Luisa Ortega Diaz –who prosecuted Lopez as part of a political vendetta and now is challenging the regime – and an attempt to divide power-hungry opposition leaders.

The outcome of this episode will depend on the actions of each camp to gain leverage. Soon we will be able to observe whether the regime dug its own grave or was actually burying current opposition leaders.

Claudio J. Sandoval (Twitter / Linkedin / Instagram: @Claudiopedia), lawyer and political analyst.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/why-leopoldo-l%C3%B3pez-venezuela-opposition-leader-from-jail-sandoval

 

¿Por qué no es posible remover magistrados del TSJ?

El pasado martes 13 de junio, la Asamblea Nacional (AN) inició el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio de fuertes presiones políticas surgidas de algunas peticiones de la sociedad civil y de la impugnación del nombramiento de 33 magistrados, interpuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el día 12 de junio. A continuación le pongo la lupa a este asunto, en un intento por extraer con pinza la verdad jurídica y su posible explicación política.

¿Cuál es el contexto?

El 23 de diciembre del 2015, la AN -en aquél entonces bajo el control mayoritario del chavismo-, nombró 33 magistrados mediante un procedimiento “exprés”, considerado como “mal hecho” e inconstitucional, tanto por la oposición como -más recientemente- por la Fiscal General de la República. En el mes de abril de este año, la AN inició un proceso de desincorporación de estos “magistrados”.

¿Por qué la AN tardó más de año y medio?

Según algunos diputados, la AN no podía ejecutar efectivamente la remoción de los 33 magistrados sin el visto bueno del Poder Ciudadano, pues así lo exige el artículo 265 de la Constitución. Esto explica por qué la AN apenas logró juramentar el comité de postulaciones para la elección de los nuevos magistrados el día 13 de junio y nunca antes, toda vez que la actuación de la Fiscal finalmente “satisfizo” el requerimiento normativo estipulado en la Constitución.

Algunas verdades jurídicas

La Fiscalía es uno de los miembros del Poder Ciudadano, de manera que la calificación de falta no recae únicamente en la Fiscal. Por otro lado, si utilizamos el mismo razonamiento jurídico de la AN y de la Fiscal sobre la inconstitucionalidad de la elección de los “magistrados exprés”, debemos concluir que dichas designaciones son nulas y, por lo tanto, no tienen ningún efecto jurídico.

En otras palabras, ni la AN puede remover a dichos 33 “magistrados” ni la Fiscal debió introducir recurso alguno, en virtud de que no es posible remover o impugnar aquello que no existe. En consecuencia, la AN ha debido iniciar el proceso de designación de 33 nuevos magistrados en el año 2016, sin que haya sido necesario supeditar este mandato constitucional al procedimiento de remoción.

¿Qué habría motivado la omisión y reciente sobre marcha de la AN?

La AN cuenta con un equipo de juristas excepcionales. De manera que la adopción del mecanismo contenido en el artículo 265 ejusdem en lugar de la ruta establecida en los artículos 138, 264 y 333 ejusdem habría sido netamente política.

Por su parte, la reacción acelerada de la AN sobre este asunto, horas posteriores a la visita de la Fiscal al TSJ, permite asumir que la AN no desea ser opacada por el liderazgo de una Fiscal que está demostrando tener no sólo la iniciativa jurídico-institucional de la coyuntura sino también una estrategia política frente al comportamiento de los poderes ejecutivo, judicial y electoral.

¿Cómo afecta esta impugnación de magistrados la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal?

Ya el Tribunal Supremo emitió una pronta respuesta a la solicitud de Luisa Ortega Díaz al declarar que anular a los magistrados sería írrito por considerar que subvierte el orden. Asimismo, la Sala Constitucional desestimó el argumento de que los 33 magistrados fueron designados ilegal e irregularmente en 2015 por la Asamblea Nacional, agregando que su remoción o destitución atentaría contra el Estado de Derecho.

Jurídicamente sería impensable acudir a una instancia nula e ilegítima porque, incluso, en el supuesto de que decida a tu favor, esa decisión no tiene efecto.

Ahora bien, desde una perspectiva política, es posible deducir que la Fiscal, en principio, no cuenta con el respaldo de los magistrados contra quienes interpuso recurso de impugnación, ni de los miembros de la Sala Constitucional objeto de la solicitud de antejuicio y tampoco de los jueces de la Sala Electoral. Ello totalizaría al menos 16 jueces. Esto significa que de los 17 magistrados que pueden dar luz verde a la solicitud en la Sala Plena -en un universo de 32 magistrados- la Fiscal no alcanzaría el quórum por tan sólo restar 16 magistrados.

Sin embargo, frente a la contundencia de la medida, cabe espacio para interpretar que la Fiscal actuó porque tiene -o cree que puede conseguir- la mayoría necesaria para proceder penalmente en contra de los implicados. De no ser el caso, las actuaciones de la Fiscalía y de la AN ante el TSJ estarían reducidas al costo político, reorientándose a agotar las instancias judiciales internas y a seguir debilitando al órgano judicial, a través del único mecanismo de acción formal que les queda, es decir, mediante el ejercicio de su investidura como instituciones del Estado.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/06/15/por-que-no-es-posible-remover-magistrados-del-tsj/

#Venezuela ¿Cuál es el desenlace?

La actual crisis del país es inédita. Esto se debe, entre otros factores, a la acumulación de tres sub-crisis que –según entiendo- nunca antes habían sucedido simultáneamente. Estamos hablando de una crisis estructural causada por la economía rentista petrolera, otra de naturaleza institucional, reflejada en la debilidad del poder público y de los partidos políticos y en la fractura de la FAN. La tercera crisis tiene que ver con la ausencia de un liderazgo político sólido en el ámbito nacional.

La rebelión social que hemos observado desde marzo es la reacción inmediata ante un Estado que está colapsando. Bajo esta perspectiva, la situación actual en Venezuela constituye una verdadera lucha de poder entre el pueblo, empobrecido y limitado en sus libertades, en contra de la elite cogobernante.

Históricamente la dinámica política venezolana se ha sustentado en la captura de pedazos de la torta rentista por parte de partidos políticos e individualidades –oficialistas y opositores- que sólo saben operar bajo el clientelismo y la creación de liderazgos artificiales, erigidos a partir de la petro-chequera -a mayor capacidad de captura de la renta, mayor preponderancia política.

La notoria vigorización de tales contradicciones, hoy intolerables por las mayorías, es lo que ha llevado a sectores del establishment opositor y chavista a colocarse del lado del pueblo. Esta nueva realineación presenta dos campos claramente diferenciables dentro de dicha elite nacional e internacional –políticos, intelectuales, encuestadores, empresarios, sindicalistas, etc.

Por un lado encontramos al grupo que se opone a medias porque no quiere quedarse sin el chivo y sin el mecate, sin el pedazo de la torta capturado. Por otro lado, hay un grupo que lucha inequívocamente por un cambio de régimen, ya sea porque fue excluido total o parcialmente, o porque quiere seguir usufructuando el poder pero al ritmo del clamor colectivo.

Revolución violenta, transición pacífica o continuidad

La magnitud de este choque de trenes entre pueblo y la elite cogobernante puede materializar cualquiera de los siguientes tres escenarios: El primero es una revolución violenta que pone patas arriba al Estado actual. También permitiría un proceso menos radical, es decir, un cambio de régimen relativamente pacífico que incluya a sectores chavistas en las redistribuciones político-económicas del poder. Por último, el status quo podría terminar imponiéndose frente a las aspiraciones de cambio.

Existe el riesgo de que la continuidad implique una institucionalización, en todo el nivel vertical del Estado (nacional, estadal y municipal) de un elemento que toma fuerza en el quehacer político de Venezuela. La captura de la renta petrolera está siendo acompañada con la captura de negocios ilícitos –incluyendo al narcotráfico- por parte del crimen organizado, como mecanismo de creación de clientelas y acceso al poder político. El “pranato” -con su control de espacios políticos y sindicales, por ejemplo- es apenas la muestra inocultable de una pirámide jerárquica, cuya cúspide involucra actores trasnacionales.

El reto de la sociedad civil

Las elites políticas oficialistas y opositoras, sin excepción, están conscientes de sus limitaciones para ejercer un liderazgo nacional con arraigo popular y significativo. Esto explica por qué algunos líderes no lucen interesados en la escalada de la insurrección popular. Saben que estos procesos de ruptura radical suelen parir a sus propios líderes y desplazan a ciertas figuras tradicionales.

Las llamadas democracias representativa, participativa y protagónica, desarrolladas parcialmente en Venezuela, dejaron mecanismos de acción colectiva para que la sociedad civil pudiera controlar los abusos de las elites en su detentación del poder.

En este momento, esas instancias contraloras están a prueba. De la acción colectiva depende, en gran medida, la dinámica de la batalla política que hoy se libra en Venezuela. Este trasfondo fue el que me llevó a preguntar ¿Cuál es el desenlace?

Enlace de fuente: http://www.lapatilla.com/site/2017/06/12/venezuela-cual-es-el-desenlace-por-claudiopedia/