Claudio Sandoval

Freelance Commentator on all things VENEZUELA +

¿Lo cívico-militar vs lo electoral?

Y ahora que ha sido instalada la “Constituyente” ¿cómo salimos de esto? Una forma de responder es señalando cómo no saldremos de la crisis. Evidentemente la salida electoral está descartada en el corto plazo. Incluso, si la “Constituyente” materializa su pretensión de sesionar por lo menos hasta el año 2019, tampoco existirían posibilidades electorales de cambio de régimen en el mediano plazo.

Sin el componente militar no hay quiebre 

Desconozco de procesos de ruptura y transiciones políticas donde el elemento militar fue excluido de la fórmula de cambio. Estadísticamente, la intervención militar en países sin democracia es la variable más significativa del cambio de régimen.

Entonces ¿por qué la postura oficial de la AN-MUD no reconoce que los civiles por si solos son incapaces de cambiar el status quo? ¿Por qué notorios analistas y activistas políticos ni de casualidad asoman la condición militar en sus propuestas de transición, aunque hablan de autocracia? Saque Ud. sus propias conclusiones…

Un segundo grupo de escépticos menosprecia cualquier tipo de salida que involucre al componente castrense por considerarla incompatible con la modernidad. En abstracto, se trata de una postura avanzada, la cual comparto. En la práctica, esto es una expresión ingenua y desajustada con la realidad, causada por la errada percepción del tiempo y el espacio. Se confunden mecanismos civilizados, comunes en Occidente (v.g. Suiza y Noruega), con el primitivismo que todavía observamos en Venezuela.

¿Participar en procesos electorales consagrados en la constitución de 1999?

Una ley del poder es no regalar espacios irrebatibles. Mientras la élite gobernante se sienta obligada a fingir que es demócrata, no puede arrebatarle a la oposición zonas abrumadoramente “escuálidas”.

Aunque hoy la alternativa electoral es limitada a los fines de la ruptura política, esto no significa que resulte obsoleta e innecesaria. Si las elecciones cumplen el estándar mínimo de competitividad precedente (manipulación de circuitos electorales – gerrymandering-, irregularidades y fraude parcial), no hay excusa para la abstención opositora, pues bajo tales condiciones de desventaja la MUD ganó las elecciones de la Asamblea Nacional y distintas gobernaciones y alcaldías.

En términos estratégicos ¿crees que las protestas serán permitidas y apoyadas por potenciales alcaldes y gobernadores “chavistas” de Chacao, Baruta, Barquisimeto, Lecheria y Miranda? Si la oposición no va a las elecciones, se extinguirán algunos de los medios de protesta pacífica y activismo de calle que se han venido ejerciendo en los últimos meses y años.

Sobran otros ejemplos que justifican la pertinencia jurídico-política de ocupar las instancias de poder que la dictadura no logra secuestrar del todo.

Cabe destacar que varios financistas internacionales le han cerrado las puertas al régimen con respecto a endeudamientos que requerían aprobación previa de la AN.

Han sido esos pesos y contrapesos de poder de facto los que obligaron al régimen a cruzar la línea y elevaron el costo político de sus transgresiones.

Cuando un gobierno se convierte en autocracia, no hay retorno -Maduro continuará siendo un dictador para la mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional. Cruzada esa frontera, las oposiciones pueden ir a elecciones y ello no generaría legitimación democrática del régimen –no ocurrió en Alemania del Este comunista, tampoco en el Chile de Pinochet, Zimbabue y Cuba. En Venezuela, el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez montó unas elecciones en diciembre de 1957 y esto ni lo convirtió en demócrata, mucho menos lo relegitimó, más bien aceleró su caída al mes siguiente.

Conclusiones

El problema no es que la MUD participe en elecciones con un CNE parcializado, el problema es que la MUD-AN traicionó -¿con intención, o por negligencia o por imprudencia?- a los millones de venezolanos que votaron por un cambio el 6 de diciembre de 2015 y el 16 de julio de 2017.

Ciertamente, el régimen nunca fue noqueado en abril-julio pero no tenemos duda de que Maduro estuvo contra las cuerdas, asediado por los costados. Si la MUD-AN se hubiese resteado con el mandato de sus electores, quizás hoy estuviéramos hablando de cómo reconstruir el país con un gobierno interino -es justo reconocer el valor de individualidades políticas que muestran compromiso y coherencia excepcional dentro de dicha coalición opositora.

Esta “Constituyente” es la antítesis de negociación y elecciones democráticas. Las ciencias políticas e historia comparada sugieren que el arrinconamiento de vastos sectores descontentos por parte de élites que controlan parcialmente un Estado disfuncional, tiende a generar sublevaciones armadas, incluyendo las llamadas operaciones militares y paramilitares de “liberación nacional.”

Enlace de fuente:http://www.lapatilla.com/site/2017/08/07/lo-civico-militar-vs-lo-electoral-por-claudiopedia/

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10 maneras en que el gobierno viola la Constitución

Pese a que la carta magna de 1999 es un instrumento que nació del proyecto bolivariano impulsado por Hugo Chávez, sus mandatos son recurrentemente incumplidos y violados por el propio gobierno en sus diversas instancias de poder. Aquí un repaso de 10 actos que vulneran el texto constitucional

1. Derechos humanos

Existencia de una política de Estado sistemática y deliberada de violación del derecho al sufragio, derecho a la libertad de expresión y derecho de no discriminación por motivos políticos. Principales artículos constitucionales transgredidos: 21, 57 y 53.

2. Presos políticos, perseguidos y exiliados

Consolidación de una política de Estado sistemática y deliberada de encarcelamiento, tortura, persecución y expulsión territorial de disidentes. Principales artículos constitucionales transgredidos: 2, 44, 46 y 50.

3. Inhabilitaciones políticas

Existencia de una política de Estado sistemática y deliberada que prohíbe la postulación electoral de disidentes sin la existencia de sentencias penales definitivas. Principal artículo constitucional transgredido: 65.

4. Elecciones democráticas periódicas

Consolidación de una política de Estado sistemática y deliberada de postergación del calendario electoral fijado en la Constitución. Principales artículos constitucionales transgredidos: 160, 292 y 294.

5. Economía y sistema monetario

El Banco Central de Venezuela promueve controles económicos que impiden la estabilidad de los precios y del valor interno y externo del bolívar. El BCV se niega a publicar informes periódicos con los principales indicadores macroeconómicos de Venezuela, incluidos la inflación y el producto interno bruto. Principales artículos constitucionales transgredidos: 318 y 319.

6. Designación de magistrados del TSJ

La designación exprés de 13 jueces principales y 20 suplentes en diciembre de 2015 está viciada, toda vez que no existe acta válida de designación del Poder Ciudadano por no haber sido firmada por la fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz. Principal artículo constitucional transgredido: 264.

7. Usurpación de las funciones de la AN

Tanto el Poder Ejecutivo –mediante decretos– y el Poder Judicial –a través de sentencias– han asumido funciones atribuidas constitucionalmente a la Asamblea Nacional de manera exclusiva. Principales artículos constitucionales transgredidos: 150, 187, 311 al 315 y 339.

8. Socialismo

Consolidación de una política de Estado sistemática y deliberada para imponer el socialismo, sistema político e ideológico inexistente en la Constitución y cuya propuesta de incorporación constitucional fue rechazada en el referendo consultivo del 2 de diciembre de 2007. Principales artículos constitucionales transgredidos: 2 y 4.

9. Reelección indefinida

La revolución bolivariana impuso la reelección presidencial continua a partir del año 2009 en contravención de los resultados del referendo consultivo de 2007 y del artículo 345 constitucional.

10. Constituyente

Las bases comiciales del Poder Ejecutivo, convalidadas por el Poder Judicial y el Poder Judicial, permiten que el voto de algunos ciudadanos tenga más valor que el de otros, y también desconocen la obligatoriedad de la consulta popular sobre el proceso constituyente y del texto que produzca. Principales artículos constitucionales transgredidos: 5, 7, 19, 23, 25, 62, 63 y 333.

 Publicado en http://alternos.la/2017/07/22/10-maneras-en-que-el-gobierno-viola-la-constitucion/

 

Sanciones a Venezuela: ¿Estrategia acertada?

Las sanciones contra Venezuela podrían ser unilaterales y/o multilaterales, dependiendo de si provienen de un país particular o de un bloque de países, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, respectivamente

Bajo el Derecho Internacional podría debatirse si la reacción unilateral o multilateral de las sanciones contra Venezuela que esta semana han asomado Estados Unidos y la Unión Europea encuadra en lo que se conoce como retaliaciones o contramedidas. De ello también depende la legalidad y legitimidad internacional de cualquier sanción.

Las potenciales sanciones tendrían, al menos, tres implicaciones previsibles en los ámbitos económico-financiero, militar y sociopolítico. En ese sentido, Venezuela podría ser incluida en la lista de países con régimen especial de exportación de ítems de uso dual o reciproco. Ello conllevaría controles que dificultarían la exportación e importación de productos y servicios desde y hacia Venezuela.

La prohibición de asistencia económica sería otra forma de sanción. Si la medida proviene de Estados Unidos el alcance e impacto no sólo sería unilateral, sino también multilateral en caso que incluya veto sobre préstamos de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Existe otra variedad de contramedidas, generalmente denominadas restricciones financieras misceláneas. Eso involucraría la prohibición de compañías sujetas a la jurisdicción sancionadora de realizar transacciones comerciales con empresas del estado venezolano, incluidas Pdvsa, Citgo, la CVG, por mencionar algunas.

En el campo de seguridad y defensa las sanciones pueden comportar la prohibición de venta de armas y productos y servicios asociados al armamento de tipo bélico, como repuestos para unidades de combate y entrenamiento operativo de esas tecnologías.

Considero que para el caso actual del país las sanciones generales de cualquier naturaleza contra Venezuela son contraproducentes. He sostenido y promovido el establecimiento de sanciones individuales contra personas naturales y jurídicas –particularmente funcionarios públicos– involucradas en violaciones de derechos humanos y acciones verificables para conspirar en contra del orden democrático establecido en la Constitución venezolana. Pero sanciones contra Venezuela no sólo afectarían al gobierno, sino también a la nación y de allí que los niveles de rechazo hacia esas medidas serían abrumadores. Concretamente, el impacto sociopolítico de sanciones contra el país sería significativamente negativo por varias razones.

En primer lugar, crearía la excusa perfecta para justificar el discurso de la guerra económica y la lucha contra el imperialismo. Ambos temas representan el argumento exculpatorio principal del gobierno frente a la crisis, aunque las principales encuestas señalan que la mayoría de los venezolanos atribuyen al Ejecutivo mayor responsabilidad ante la situación. De allí también derivan sus porcentajes elevados de impopularidad.

En otras palabras, existe el riesgo de que las sanciones generales victimicen al gobierno y potencien la polarización. Algo parecido a lo que observamos en Cuba, donde el embargo estadounidense sirve de excusa para cualquier aspecto negativo que impacte al gobierno. Ese tipo de medidas también pueden refrescar la popularidad de la elite gobernante, la cual apelaría a sentimientos nacionalistas legítimos para mantenerse en el poder ilegítimamente.

Más grave aún, dependiendo del alcance práctico de sanciones económicas generales, el caos y la crisis humanitaria causaría el colapso definitivo del Estado y una tragedia migratoria que impactará en todo el hemisferio, incluido el propio Estados Unidos.

En conclusión, el tema de la imposición de sanciones es muy delicado. En este caso particular, la lógica debe estar orientada a imponer contramedidas hacia personas específicas para elevar el costo político y económico en el gobierno, sin que ello cause daños colaterales a las verdaderas víctimas de la crisis: la mayoría de los venezolanos.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/07/19/sanciones-venezuela-estrategia-acertada/

¿Por qué no es posible remover magistrados del TSJ?

El pasado martes 13 de junio, la Asamblea Nacional (AN) inició el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio de fuertes presiones políticas surgidas de algunas peticiones de la sociedad civil y de la impugnación del nombramiento de 33 magistrados, interpuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el día 12 de junio. A continuación le pongo la lupa a este asunto, en un intento por extraer con pinza la verdad jurídica y su posible explicación política.

¿Cuál es el contexto?

El 23 de diciembre del 2015, la AN -en aquél entonces bajo el control mayoritario del chavismo-, nombró 33 magistrados mediante un procedimiento “exprés”, considerado como “mal hecho” e inconstitucional, tanto por la oposición como -más recientemente- por la Fiscal General de la República. En el mes de abril de este año, la AN inició un proceso de desincorporación de estos “magistrados”.

¿Por qué la AN tardó más de año y medio?

Según algunos diputados, la AN no podía ejecutar efectivamente la remoción de los 33 magistrados sin el visto bueno del Poder Ciudadano, pues así lo exige el artículo 265 de la Constitución. Esto explica por qué la AN apenas logró juramentar el comité de postulaciones para la elección de los nuevos magistrados el día 13 de junio y nunca antes, toda vez que la actuación de la Fiscal finalmente “satisfizo” el requerimiento normativo estipulado en la Constitución.

Algunas verdades jurídicas

La Fiscalía es uno de los miembros del Poder Ciudadano, de manera que la calificación de falta no recae únicamente en la Fiscal. Por otro lado, si utilizamos el mismo razonamiento jurídico de la AN y de la Fiscal sobre la inconstitucionalidad de la elección de los “magistrados exprés”, debemos concluir que dichas designaciones son nulas y, por lo tanto, no tienen ningún efecto jurídico.

En otras palabras, ni la AN puede remover a dichos 33 “magistrados” ni la Fiscal debió introducir recurso alguno, en virtud de que no es posible remover o impugnar aquello que no existe. En consecuencia, la AN ha debido iniciar el proceso de designación de 33 nuevos magistrados en el año 2016, sin que haya sido necesario supeditar este mandato constitucional al procedimiento de remoción.

¿Qué habría motivado la omisión y reciente sobre marcha de la AN?

La AN cuenta con un equipo de juristas excepcionales. De manera que la adopción del mecanismo contenido en el artículo 265 ejusdem en lugar de la ruta establecida en los artículos 138, 264 y 333 ejusdem habría sido netamente política.

Por su parte, la reacción acelerada de la AN sobre este asunto, horas posteriores a la visita de la Fiscal al TSJ, permite asumir que la AN no desea ser opacada por el liderazgo de una Fiscal que está demostrando tener no sólo la iniciativa jurídico-institucional de la coyuntura sino también una estrategia política frente al comportamiento de los poderes ejecutivo, judicial y electoral.

¿Cómo afecta esta impugnación de magistrados la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal?

Ya el Tribunal Supremo emitió una pronta respuesta a la solicitud de Luisa Ortega Díaz al declarar que anular a los magistrados sería írrito por considerar que subvierte el orden. Asimismo, la Sala Constitucional desestimó el argumento de que los 33 magistrados fueron designados ilegal e irregularmente en 2015 por la Asamblea Nacional, agregando que su remoción o destitución atentaría contra el Estado de Derecho.

Jurídicamente sería impensable acudir a una instancia nula e ilegítima porque, incluso, en el supuesto de que decida a tu favor, esa decisión no tiene efecto.

Ahora bien, desde una perspectiva política, es posible deducir que la Fiscal, en principio, no cuenta con el respaldo de los magistrados contra quienes interpuso recurso de impugnación, ni de los miembros de la Sala Constitucional objeto de la solicitud de antejuicio y tampoco de los jueces de la Sala Electoral. Ello totalizaría al menos 16 jueces. Esto significa que de los 17 magistrados que pueden dar luz verde a la solicitud en la Sala Plena -en un universo de 32 magistrados- la Fiscal no alcanzaría el quórum por tan sólo restar 16 magistrados.

Sin embargo, frente a la contundencia de la medida, cabe espacio para interpretar que la Fiscal actuó porque tiene -o cree que puede conseguir- la mayoría necesaria para proceder penalmente en contra de los implicados. De no ser el caso, las actuaciones de la Fiscalía y de la AN ante el TSJ estarían reducidas al costo político, reorientándose a agotar las instancias judiciales internas y a seguir debilitando al órgano judicial, a través del único mecanismo de acción formal que les queda, es decir, mediante el ejercicio de su investidura como instituciones del Estado.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/06/15/por-que-no-es-posible-remover-magistrados-del-tsj/

El Mercader del Derecho

Las sanciones de Trump

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La decisión de la administración Trump, imponiendo sanciones al actual Vicepresidente ejecutivo de Venezuela, no es un ataque en contra del pueblo venezolano, ni siquiera hacia el chavismo –que cuenta con muchísimas personas decentes y honradas. En realidad, esto constituye un golpe político y legal, dirigido concretamente a dos individuos y a la elite gubernamental de la cual forman parte.

Ríndete, estás rodeado

El acorralamiento genera dos posibles respuestas, o cooperas o te radicalizas. En este momento, da la impresión de que la cúpula a cargo del gobierno habría optado por el segundo comportamiento, es decir, hacer intentos por mantenerse en Miraflores a toda costa, pensando así evitar desgracias personales.

La primera señal en esta dirección es la ratificación de la sentencia en contra de Leopoldo López, horas después de que su esposa, Lilian Tintori, fuera recibida por el presidente Trump en la Casa Blanca y éste pidiera la liberación de López.

Sancionar o no, he ahí el dilema

Por un lado, hay razones para pensar que esto desincentiva una salida pacífica aunque, por otra parte, la medida es una soga al cuello que cierra espacios de gobernabilidad a lo interno y pone en jaque la oxigenación internacional del régimen (por ejemplo, capacidad de endeudamiento).

Los defensores de las sanciones alegarían que, de cualquier modo, la elite gobernante no va a salir del poder por las buenas. Bajo esta óptica, la estrategia de dejar hacer, dejar pasar para que no se aíslen y permitan elecciones es errada. Se trata de un sistema autoritario que, con sanciones y sin éstas, moverá cielo y tierra para prolongar su colapso definitivo.

En consecuencia, mientras más se le alcahuetee, más se fortalece su capacidad de maniobra en favor de intereses muy particulares y en detrimento de al menos el 80% de venezolanos que rechaza al gobierno.

Ciertamente, el oficialismo está buscando paz pero un tipo de paz que sólo conviene a éste. La simulación, mejor conocida bajo el nombre de “dialogo”, es un ejemplo tangible de sus propuestas leoninas.

Divide y vencerás

Están asustados, Trump no es Obama y lo saben. Ahora bien, soy de los que piensa que a ese cogollo y al liderazgo chavista en general, incluyendo a empresarios, hay que terminar de dividirlos, ofreciendo salvoconductos a quienes deseen colaborar con Venezuela por la vía de dos aportes principales: i. aceptar condiciones para una transición de gobierno; y ii. relatos y/o evidencias para investigaciones penales y administrativas sobre iliciticos transnacionales. El efecto dominó podría resolver la crisis de forma adelantada y pacífica.

De las entrevistas que recibí a raíz de este asunto, la de la BBC de Londres me llamó la atención. El programa no giraba en torno a Venezuela sino a las políticas antidrogas del presidente Trump. Rescato ese enfoque para comentar que aquellos verdaderamente involucrados en narcotráfico son insalvables. Esto se debe a que a nivel de seguridad interna, la lucha contra las drogas es una prioridad muy sensible para la nueva administración.

Como agravante, el encargado de esta misión es el ahora ministro de relaciones interiores y antiguo Gral. del Comando Sur, John Kelly, quien no sólo provocó impases entre Caracas y Washington en el pasado, también conoce muy bien el caso venezolano. Precisamente, el Gral Kelly le ha dado importancia al escenario de una implosión del chavismo.

¿Cuál es el precio de una transición PACIFICA?

Insisto en un mecanismo de justicia transicional. Las autoridades estadounidenses deberían intensificar la política de beneficios procesales para patriotas cooperantes, los cuales podrían girar en torno a dos grandes opciones excluyentes: .i No puedes volver a hacer política: Agarra tu dinero mal habido y te vas de Venezuela, siendo Estados Unidos una alternativa (similar al esquema negociado con Rafael Isea); ii. Si quieres quedarte en Venezuela o regresar para hacer política: Tus activos injustificables serán congelados y confiscados. Tampoco tendrás visa para viajar a Estados Unidos.

Lo anterior también está relacionado con el curioso tema de los “falsos positivos”. Por ejemplo ¿por qué no se acusa de narcotraficante a José Mujica, a Rafael Correa o a Evo Morales? ¿Por qué a otros vicepresidentes venezolanos como Aristobulo Istúriz o Jorge Arreaza no se les habría “montado ollas” de igual naturaleza? Uno tampoco ve incluidos en estas listas de narcotráfico a altos funcionarios como Ernesto Villegas, Ricardo Menéndez, Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena o Nelson Martínez, por mencionar algunos otros.

El barco se está hundiendo con Venezuela a bordo. Un plan de rescate que no ofrezca salvavidas a algunos miembros de la tripulación, eleva el riesgo de un desenlace violento. Pero que quede claro, si ocurriera ese escenario, culpable no será ni la oposición ni el presidente Trump, sino la macolla chavista, negada rotundamente a la alternancia y, sobretodo, empeñada en obstaculizarle rutas de participación democrática al liderazgo disidente (tanto a lo externo como dentro de sus filas).

Es esa minoría impopular de una minoría hecha mengua, la que continúa jugando con fuego, desafiando sin tregua la paciencia y calma de quienes abrumadoramente le adversan.

Entre el poder y la democracia

sapiens

¿Por qué los seres humanos dominan este planeta? En su libro “Sapiens (De Animales A Dioses): Breve Historia de la Humanidad”, el historiador Yuval Noah Harari afirma que el hombre (Homo sapiens) pasó de ser un insignificante primate de la sabana africana, hace setenta mil años atrás, al depredador más poderoso del reino animal en la actualidad, gracias a dos características distintivas: i. su capacidad de inventar realidades objetivamente intangibles (como las religiones, por ejemplo); y ii. nuestro flexible método de cooperación, numéricamente insuperable por otros seres vivos.

Aunque un chimpancé en la selva podría tener mayor probabilidad de supervivencia que cualquiera de nosotros, en el plano individual (uno a uno), la fortaleza humana radicaría en el nivel de cooperación entre personas que, sin conocerse directamente, reman hacia una misma dirección, como consecuencia de nuestros sistemas de creencias. Así por ejemplo, mientras ese chimpancé salvaje jamás daría una banana a cambio de dinero o para ganarse su puesto en el paraíso eterno, millones de humanos intercambian dinero por cambures y promesas de salvación después de la muerte (el famoso diezmo).

La esencia del poder

La fuente del poder humano es su ilimitada imaginación. El poder definitivo nace de la percepción colectiva. La diferencia entre un simple trozo de papel y un billete de 100 es el valor asignado a este último, considerado colectivamente como un instrumento financiero. La fuerza motivadora del hombre se nutre de historias, suficientemente creíbles, que logran asociar múltiples esfuerzos en pro de un beneficio común.

¿Qué hace a una persona más poderosa que otra? Su capacidad de vender historias creíbles ¿Por qué los abogados -equivalente actual del hechicero tribal de la antigüedad- suelen ser personas influyentes? Esto se debe a que, con su magia moderna, los juristas inventan ficciones legales, es decir, realidades imaginarias que los demás miembros de la sociedad creen en mayor o menor medida.

Estas ficciones las llamamos contratos, empresas, mercado de capitales, comercio electrónico, sentencias judiciales, sanciones administrativas, leyes, etc. Las personas, entidades y países más poderosos de nuestra historia han sido los creadores de constructos sociales profundamente arraigados en la humanidad, posteriormente convertidos en valores o patrones culturales.

Las condiciones primitivas reinstauradas por el chavismo

En su estado natural, el hombre usualmente accede al poder como cualquier otro animal en su manada: combate contra otros aspirantes a punta de manotazos, patadas y mordiscos, en una especie de selección natural dentro de la esfera social, donde los vencedores terminan siendo considerados como jefes.

En sociedades que carecen de orden constitucional y se rigen bajo la ley del más fuerte, el poder no lo detenta quién lo merece en términos de apoyo popular, sino el líder más apto o mejor adaptado a este medio ambiente hostil. Con la democracia, el Homo sapiens abandona esa práctica de fuerza y violencia, sustituyéndola por el voto como medio de expresión pacifica de las mayorías.

En Venezuela, la intención del chavismo de perpetuarse en el poder indefinidamente, sin el respaldo mayoritario de los venezolanos, constituye una invitación directa a volver al pasado, incita a la violencia como medio de acceso al poder y genera la radicalización de adversarios políticos, frente a la violación de sus derechos políticos y a la imposibilidad fáctica de alcanzar el poder por los canales regulares de una democracia inexistente (el gobierno los inhabilita, los persigue, tortura, encarcela con casos inventados, no reconoce sus cargos, monta autoridades paralelas, y sabotea y suspende procesos electorales, por mencionar algunas transgresiones).

El que no es peón que no se alquile

Por esa razón, la declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro por parte de la Asamblea Nacional (hasta ahora un acto simbólico), se enfoca en el meollo del asunto ¿Por qué? la traba de la oposición no radica en la legalidad de sus actos sino en su aptitud. Con esa medida, la oposición se auto-impuso la carga de demostrar que realmente representa la opción de cambio ¿Cómo lo demostraría? Convirtiendo lo simbólico en realidad (en el constructo social predominante), es decir, la AN, negociando y respaldada en las calles por sus electores, deberá persuadir a los demás poderes del Estado (particularmente a los poderes ejecutivo, judicial, electoral y militar) a acatar sus decisiones.

Ahora bien ¿serán capaces la AN y la MUD de doblegar al chavismo este año 2017 o, por el contrario, mantendrán el comportamiento observado en el 2016 -post 6D-, donde a pesar de haber ganado un importante round político, se dejaron padrotear por el chavismo, optando por meter la cola entre las piernas?

Publicado originalmente en http://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/claudio-j-sandoval-entre-el-poder-y-la-democracia/

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