Impugnación internacional de la elección

Ante la indiscutible falta de independencia de poderes en Venezuela, Henrique Capriles se vio obligado a anunciar la posibilidad de acudir a instancias internacionales para exponer su denuncia sobre las irregularidades suscitadas durante el pasado evento electoral del 14A. En efecto, existen varios mecanismos judiciales y cuasi-judiciales donde pudiera presentarse este caso.

La mala noticia

El tiempo. Este tipo de procesos puede durar, en rango, entre 4 y 6 años. En el mejor escenario el pronunciamiento del órgano internacional tendría lugar en la última etapa del período constitucional 2013-2019. Evidentemente, esta coyuntura, como el término lo indica, se encuentra supeditada a un ámbito temporal más reducido, entendiéndose que la crisis de gobernabilidad que sufre el país no aguanta 4 años de espera en torno a lo que pudiera decidirse fuera de nuestras fronteras.

¿En cuál jurisdicción debería Capriles ejercer una acción legal?

La opción más conveniente es el sistema universal de derechos humanos (DDHH) de las Naciones Unidas (ONU). Concretamente, su Comité de DDHH ofrece mayores ventajas en contraste con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH). Más allá de los aspectos procesales (el tema de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH , de concretarse el retiro de Venezuela de la Convención Americana de DDHH, y el mecanismo de la Declaración Americana), en este momento el impacto y nivel de legitimidad de un pronunciamiento regional sería inferior al que emane de una institución global como la ONU. Más aún, es un hecho que tanto la Comisión Interamericana de DDHH como la Corte IDH están un tanto debilitadas con el proceso de reforma del propio SIPDH, y su reputación tampoco vive el mejor momento como consecuencia de las campañas de descrédito impulsadas por Venezuela y los demás países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Unido a lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha construido una doctrina pacífica y reiterada en cuanto al control de las sentencias provenientes de la Corte IDH, con el objeto de evadir su cumplimiento y aplicación en Venezuela.

Mientras que en lo relativo al Comité de DDHH la situación es totalmente diferente porque goza de respeto unánime en la región al punto que Venezuela, por ejemplo, debió aceptar en silencio la condena que le fuera impuesta por este órgano en noviembre del año pasado (comentada detalladamente en mi artículo “ONU presiona a Venezuela por caso Cedeño”).

La buena noticia

Una decisión emanada de una autoridad con intachable trayectoria internacional que ordene la repetición de las elecciones en condiciones justas, transparentes, imparciales y confiables, serviría como muro de contención democrático ante todo detentador del poder que carezca de legitimidad de origen en esta etapa poschavista, incluyendo no sólo a Maduro sino también a su eventual sucesor…

Pretender gobernar haciéndole trompetillas a tal decisión autoritativa exige pagar un alto costo político, presumiblemente, intolerable a nivel de los organismos multilaterales del hemisferio americano, incluso, para los chulos más allegados de la revolución.

Un dictamen de esta naturaleza del Comité de DDHH pudiera ser la base política (aunque un cínico hablaría de excusa) para que los verdaderos factores determinantes del poder en este país pongan a Maduro -o a su eventual sucesor- entre la espada y la pared: ¡haces elecciones a la cuenta de tres y llevo dos!

Sin emocionarse por favor

Que una instancia internacional de las referidas decida a favor de la oposición, no significa que Capriles será presidente. Significa que Maduro habría estado ocupando el poder ilegalmente y que tanto él como los poderes públicos súbditos a su “autoridad” son ilegítimos.

De manera que la alternativa jurídica internacional (judicial o cuasi-judicial) no representa la salida a la crisis. Más bien podría llegar a convertirse, apenas, en una de las rutas más largas que conducirían indirectamente a la solución. Sin embargo, frente a las actuales circunstancias, no quedaría más opción que agotar todos los medios pacíficos que sean necesarios para resolver este conflicto.

http://www.eluniversal.com/opinion/130523/impugnacion-internacional-de-la-eleccion

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¿Maduro y Capriles quieren violencia?

A pesar de los clásicos dimes y diretes mediáticos, el más reciente episodio electoral ha sido manejado por Maduro y Capriles con la delicadeza que amerita este caso. Gracias a ello, se pudo bajar la intensidad de una confrontación que ponía en riesgo inmediato la vida de cientos, quizás miles, de seres humanos. “Por ahora” o “mientras tanto”, se ha logrado mantener la violencia a raya; en niveles socialmente tolerables.

Objetivamente hablando, a ninguno de los dos bandos le conviene la violencia como fuente de legitimidad. Si Henrique hubiese querido provocar un golpe de Estado, como ha denunciado el gobierno, ¿había un mejor momento que la media noche del lunes 15 de abril para pedirle a sus más de 7.2 millones de seguidores que salieran eufóricos a la calle para protestar los resultados recién anunciados?

Si el plan tenía naturaleza desestabilizadora ¿qué le costaba al candidato opositor desacatar la orden de Maduro y marchar con la otra mitad de Venezuela hacia el CNE el miércoles 17 de abril, según lo previsto? Capriles no hizo ni una cosa ni la otra. Los hechos demuestran que el flaco persigue exclusivamente la alternativa democrática-institucional y por tanto, aun teniendo pruebas de las irregularidades electorales en su mano, no está resteado con la posibilidad de ser presidente de Venezuela si esto implica tener muertos masivos atormentando su conciencia.

¿Acaso Henrique y sus estrategas ignoran que sin miles de personas protestando en las calles es imposible reeditar el 11 de abril, por la imprescindible concurrencia cívico-militar? Definitivamente lo saben pero como no andan tras ese objetivo, se tomó la medida pacífica de mandar a “recoger a la gente para su casa” que, por cierto, favoreció principalmente al gobierno pues creó una especie de toque de queda, de facto, que le permitió a Maduro guardarse la carta de la represión.

¿Por qué al chavismo tampoco le “sirve” otro 11A? Más allá de las lealtades, la desobediencia civil generalizada obligaría al Gobierno a colocar a los militares en la difícil situación de decidir entre Maduro o el pueblo, entre matar civiles o solicitarle la renuncia del cargo. En la Fuerza Armada venezolana está firmemente arraigado el pensamiento bolivariano (“Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo”). Los militares desprecian cualquier posibilidad de poner sus vidas en riesgo masacrando civiles -que además pueden ser sus madres, hermanos, hijos o amigos. En muchos oficiales, sigue fija la imborrable imagen del caracazo…

El mayor costo político de la represión masiva es que elimina, ipso facto, la imagen humana, democrática y legítima de un gobierno aunque sea mayoría en ese momento.

La represión del pueblo representa la “kriptonita” de todo régimen en esta era de medios de comunicación globalmente interconectados.

Adicionalmente, la etapa actual de la revolución venecubana tiene al mando a una elite que lo que anda buscando, precisamente, es legitimidad de origen para poder arrancar de una buena vez el periodo postchavista de radicalización. Y si siente que la ha obtenido ¿por qué querrían debilitar tal legitimidad provocando desestabilización?

Mi reflexión

El orden democrático prohíbe la administración de la violencia como recurso habitual para mantenerse o acceder al poder. Desde este espacio, deploro los actos violentos sucedidos antes, durante y después del 14 de abril, así como sus motivaciones y origen.

Necesariamente ambos sectores  de  la sociedad deben ver satisfechas sus mínimas aspiraciones de convivencia; algo que únicamente puede lograrse sin traumas mediante la resolución pacífica, consensuada y sustentable de esta crisis política.

“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad.” Juan Pablo II.

http://www.eluniversal.com/opinion/130502/maduro-y-capriles-quieren-violencia