Sanciones a Venezuela: ¿Estrategia acertada?

Las sanciones contra Venezuela podrían ser unilaterales y/o multilaterales, dependiendo de si provienen de un país particular o de un bloque de países, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, respectivamente

Bajo el Derecho Internacional podría debatirse si la reacción unilateral o multilateral de las sanciones contra Venezuela que esta semana han asomado Estados Unidos y la Unión Europea encuadra en lo que se conoce como retaliaciones o contramedidas. De ello también depende la legalidad y legitimidad internacional de cualquier sanción.

Las potenciales sanciones tendrían, al menos, tres implicaciones previsibles en los ámbitos económico-financiero, militar y sociopolítico. En ese sentido, Venezuela podría ser incluida en la lista de países con régimen especial de exportación de ítems de uso dual o reciproco. Ello conllevaría controles que dificultarían la exportación e importación de productos y servicios desde y hacia Venezuela.

La prohibición de asistencia económica sería otra forma de sanción. Si la medida proviene de Estados Unidos el alcance e impacto no sólo sería unilateral, sino también multilateral en caso que incluya veto sobre préstamos de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Existe otra variedad de contramedidas, generalmente denominadas restricciones financieras misceláneas. Eso involucraría la prohibición de compañías sujetas a la jurisdicción sancionadora de realizar transacciones comerciales con empresas del estado venezolano, incluidas Pdvsa, Citgo, la CVG, por mencionar algunas.

En el campo de seguridad y defensa las sanciones pueden comportar la prohibición de venta de armas y productos y servicios asociados al armamento de tipo bélico, como repuestos para unidades de combate y entrenamiento operativo de esas tecnologías.

Considero que para el caso actual del país las sanciones generales de cualquier naturaleza contra Venezuela son contraproducentes. He sostenido y promovido el establecimiento de sanciones individuales contra personas naturales y jurídicas –particularmente funcionarios públicos– involucradas en violaciones de derechos humanos y acciones verificables para conspirar en contra del orden democrático establecido en la Constitución venezolana. Pero sanciones contra Venezuela no sólo afectarían al gobierno, sino también a la nación y de allí que los niveles de rechazo hacia esas medidas serían abrumadores. Concretamente, el impacto sociopolítico de sanciones contra el país sería significativamente negativo por varias razones.

En primer lugar, crearía la excusa perfecta para justificar el discurso de la guerra económica y la lucha contra el imperialismo. Ambos temas representan el argumento exculpatorio principal del gobierno frente a la crisis, aunque las principales encuestas señalan que la mayoría de los venezolanos atribuyen al Ejecutivo mayor responsabilidad ante la situación. De allí también derivan sus porcentajes elevados de impopularidad.

En otras palabras, existe el riesgo de que las sanciones generales victimicen al gobierno y potencien la polarización. Algo parecido a lo que observamos en Cuba, donde el embargo estadounidense sirve de excusa para cualquier aspecto negativo que impacte al gobierno. Ese tipo de medidas también pueden refrescar la popularidad de la elite gobernante, la cual apelaría a sentimientos nacionalistas legítimos para mantenerse en el poder ilegítimamente.

Más grave aún, dependiendo del alcance práctico de sanciones económicas generales, el caos y la crisis humanitaria causaría el colapso definitivo del Estado y una tragedia migratoria que impactará en todo el hemisferio, incluido el propio Estados Unidos.

En conclusión, el tema de la imposición de sanciones es muy delicado. En este caso particular, la lógica debe estar orientada a imponer contramedidas hacia personas específicas para elevar el costo político y económico en el gobierno, sin que ello cause daños colaterales a las verdaderas víctimas de la crisis: la mayoría de los venezolanos.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/07/19/sanciones-venezuela-estrategia-acertada/

¿Y ahora qué?

El resultado del plebiscito comporta diversas lecturas, incluyendo algunas buenas noticias y otras no tan buenas. En primer lugar, se confirma que el fuerte de la MUD es su plataforma electoral, la cual incluye alta capacidad técnica y logística en esta área, así como efectividad a la hora de movilizar a millones de personas con fines electorales.

En segundo lugar, el plebiscito fue en esencia otra forma de protesta política, la más exitosa en los últimos meses en términos de masificación y no-violencia. Pienso que el régimen quedó completamente desarticulado, pues su estrategia de desmasificar y generar reacciones violentas mediante la represión no encajaba del todo con la dinámica de esta protesta. Por ello, los lamentables sucesos que cobraron la vida de una venezolana en Catia y dejaron varios heridos, a manos de partidarios del gobierno, fueron excepcionales.

Indistintamente de la precisión en relación con el número total de votos, lo cierto es que millones de venezolanos salimos a la calle a manifestar en contra de la dictadura, lo cual disipa algunas dudas en torno a la capacidad de la MUD de masificar la protesta. Ahora bien, un reto pendiente de la MUD es el de movilizar a millones de seguidores con ocasión a otras formas de protesta fuera del campo electoral.

A mi modo de ver, un mensaje directo e importante de esta experiencia es que la mayoría de los venezolanos no están dispuestos a marchar o a plantarse en la calle bajo el liderazgo MUD. Es decir, el mensaje de la gente a la MUD fue el siguiente: si me pides que vote, salgo a la calle y me verás multiplicado en millones. No obstante, sería erróneo interpretar que a partir del 16 de julio existen millones de personas activadas para participar en la defensa de la democracia mediante mecanismos distintos al electoral.

Una cosa es votar y otra muy distinta es resistir la represión del régimen. Esto explicaría por qué la vanguardia de todas las marchas totalizadas en los últimos tres meses se cuenta por cientos de miles, mientras que la vanguardia del plebiscito sumó millones en tan solo un día de protesta.

El evento también nos dio a saber que en lo que respecta al ámbito electoral, los mecanismos de acción colectiva de la sociedad civil organizada se han fortalecido a nivel nacional e internacional.

La mala noticia

Si existía alguna probabilidad de que Maduro aceptara la realización de elecciones democráticas, el éxito abrumador del plebiscito liquidó tal escenario. En consecuencia, dentro del marco de los escenarios de ruptura, la salida electoral –la vía convencional- queda prácticamente descartada, mientras que la salida cívico-militar cobra mayor fuerza en el corto plazo.

Aunque la probabilidad de la salida cívico-militar es alta como mecanismo de ruptura, hasta ahora se muestra baja como escenario en el mes de Julio. Y el tema es que sin apoyo militar no hay cambio político frente a un sistema autoritario que cerró la ruta de elecciones democráticas. Quizás el resultado del plebiscito alterare el estado actual de las cosas dentro de la FANB.

Lo convenido

Las mayorías quieren votar. Sin embargo, las variables de la coyuntura indican que mientras Maduro desgobierne Venezuela, las probabilidades de elecciones democráticas son muy bajas. En ese sentido, la MUD y la AN están obligadas a crear condiciones para satisfacer ese deseo de las mayorías. Un paso ineludible en esta dirección implica sacar a la cúpula gobernante de Miraflores.

A partir de esta semana, la AN y la MUD tendrán que confrontar al gobierno a cualquier riesgo. Vale aclarar que no se trata de una pretensión caprichosa, pues la ruptura política fue una consigna clave de la MUD en el año 2015 y luego convertida en prioridad a nivel de la Asamblea Nacional durante todo el 2016.

Resulta oportuno recordar que el pueblo le dio la mayoría a la oposición en la AN para que impulsara un cambio de gobierno, y si había duda de esto, el plebiscito acabada de ratificarlo.

Enlace de fuente: https://www.lapatilla.com/site/2017/07/17/y-ahora-que-por-claudiopedia/

#Venezuela ¿Cuál es el desenlace?

La actual crisis del país es inédita. Esto se debe, entre otros factores, a la acumulación de tres sub-crisis que –según entiendo- nunca antes habían sucedido simultáneamente. Estamos hablando de una crisis estructural causada por la economía rentista petrolera, otra de naturaleza institucional, reflejada en la debilidad del poder público y de los partidos políticos y en la fractura de la FAN. La tercera crisis tiene que ver con la ausencia de un liderazgo político sólido en el ámbito nacional.

La rebelión social que hemos observado desde marzo es la reacción inmediata ante un Estado que está colapsando. Bajo esta perspectiva, la situación actual en Venezuela constituye una verdadera lucha de poder entre el pueblo, empobrecido y limitado en sus libertades, en contra de la elite cogobernante.

Históricamente la dinámica política venezolana se ha sustentado en la captura de pedazos de la torta rentista por parte de partidos políticos e individualidades –oficialistas y opositores- que sólo saben operar bajo el clientelismo y la creación de liderazgos artificiales, erigidos a partir de la petro-chequera -a mayor capacidad de captura de la renta, mayor preponderancia política.

La notoria vigorización de tales contradicciones, hoy intolerables por las mayorías, es lo que ha llevado a sectores del establishment opositor y chavista a colocarse del lado del pueblo. Esta nueva realineación presenta dos campos claramente diferenciables dentro de dicha elite nacional e internacional –políticos, intelectuales, encuestadores, empresarios, sindicalistas, etc.

Por un lado encontramos al grupo que se opone a medias porque no quiere quedarse sin el chivo y sin el mecate, sin el pedazo de la torta capturado. Por otro lado, hay un grupo que lucha inequívocamente por un cambio de régimen, ya sea porque fue excluido total o parcialmente, o porque quiere seguir usufructuando el poder pero al ritmo del clamor colectivo.

Revolución violenta, transición pacífica o continuidad

La magnitud de este choque de trenes entre pueblo y la elite cogobernante puede materializar cualquiera de los siguientes tres escenarios: El primero es una revolución violenta que pone patas arriba al Estado actual. También permitiría un proceso menos radical, es decir, un cambio de régimen relativamente pacífico que incluya a sectores chavistas en las redistribuciones político-económicas del poder. Por último, el status quo podría terminar imponiéndose frente a las aspiraciones de cambio.

Existe el riesgo de que la continuidad implique una institucionalización, en todo el nivel vertical del Estado (nacional, estadal y municipal) de un elemento que toma fuerza en el quehacer político de Venezuela. La captura de la renta petrolera está siendo acompañada con la captura de negocios ilícitos –incluyendo al narcotráfico- por parte del crimen organizado, como mecanismo de creación de clientelas y acceso al poder político. El “pranato” -con su control de espacios políticos y sindicales, por ejemplo- es apenas la muestra inocultable de una pirámide jerárquica, cuya cúspide involucra actores trasnacionales.

El reto de la sociedad civil

Las elites políticas oficialistas y opositoras, sin excepción, están conscientes de sus limitaciones para ejercer un liderazgo nacional con arraigo popular y significativo. Esto explica por qué algunos líderes no lucen interesados en la escalada de la insurrección popular. Saben que estos procesos de ruptura radical suelen parir a sus propios líderes y desplazan a ciertas figuras tradicionales.

Las llamadas democracias representativa, participativa y protagónica, desarrolladas parcialmente en Venezuela, dejaron mecanismos de acción colectiva para que la sociedad civil pudiera controlar los abusos de las elites en su detentación del poder.

En este momento, esas instancias contraloras están a prueba. De la acción colectiva depende, en gran medida, la dinámica de la batalla política que hoy se libra en Venezuela. Este trasfondo fue el que me llevó a preguntar ¿Cuál es el desenlace?

Enlace de fuente: http://www.lapatilla.com/site/2017/06/12/venezuela-cual-es-el-desenlace-por-claudiopedia/

¿Por qué Constituyente viola derechos humanos?

Con la propuesta Constituyente presentada por el gobierno de Venezuela ha surgido un debate procedimental enfocado en la obligatoriedad o no de realizar un referendo consultivo de convocatoria que permita su instalación y otro posterior para aprobar una nueva Constitución.

Argumentos del gobierno

En vista de que la Constitución no ordena expresamente la celebración de referendos consultivo y aprobatorio sobre este particular, por un lado, el presidente puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin consulta popular, y por otro lado esa Asamblea estaría facultada para aprobar directamente una nueva Constitución, de conformidad con los artículos 347 y 348 de la Carta Magna vigente.

Argumentos desde los derechos humanos

Con base en la interpretación evolutiva y dinámica de los derechos humanos (artículo 23 de la Constitución) y su progresividad (artículo 19 ejusdem) es posible concluir que el Estado venezolano –poderes Ejecutivo, Electoral, Ciudadano y Judicial– está violando el derecho al sufragio universal (artículo 63 ejusdem), entre otros derechos, por no permitirle al ciudadano-soberano votar a favor o en contra de la propuesta inicial y del texto resultante.

Reglas de interpretación

En virtud de que la propuesta toca el núcleo esencial de derechos fundamentales, todo ejercicio interpretativo debe estar sujeto al Derecho de los Derechos Humanos, reconocido por la propia Constitución y los tratados suscritos por Venezuela.

En ese sentido, la interpretación de derechos humanos nunca puede ser restrictiva. Sin embargo, la postura del Estado venezolano lo es porque limita el contenido y alcance del derecho al voto, de cara al estándar establecido durante el proceso constituyente de 1999, en el que hubo referendos populares.

Ante aparentes vacíos jurídicos es el Estado el que siempre está restringido –no el ciudadano– a la hora de ejercer atribuciones no estipuladas normativamente, ello en virtud del incontrovertido y lapidario principio de legalidad constitucional. Esta noción resulta preponderante en el caso del artículo 348 de la Constitución, el cual únicamente faculta a la Asamblea Constituyente a “redactar” un texto jurídico, nunca a aprobarlo en forma de Constitución.

No menos importante es la denominada interpretación pro homine, que obliga al Estado a aplicar la interpretación más garantista al elector en aquellos casos en los que se desprendan varias interpretaciones sobre una misma norma. Frente a la ponderación de derechos, la obligación pro homine otorga preeminencia a los derechos humanos sobre cualquier otro derecho constitucional. Su reconocimiento en la Constitución de 1999 es uniforme y taxativo en distintos presupuestos de hecho, particularmente los contenidos en sus artículos 23, 62, 89 y 24.

Las normas interpretativas de la Constitución vigente son muy claras sobre este tema. Por consiguiente, los recientes actos del Estado venezolano en lugar de “facilitar la generación de las condiciones más favorables” para el establecimiento de diversas instancias de participación, incluso superiores al proceso constituyente precedente, se ha encargado de menguar el estándar constitucional alcanzado. En consecuencia, el actual proceso constituyente es nulo a tenor de los artículos 7, 25 y 333 de la Constitución, en concordancia con su preámbulo y disposición final única.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/06/09/por-que-constituyente-viola-derechos-humanos/