¿Por qué no es posible remover magistrados del TSJ?

El pasado martes 13 de junio, la Asamblea Nacional (AN) inició el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio de fuertes presiones políticas surgidas de algunas peticiones de la sociedad civil y de la impugnación del nombramiento de 33 magistrados, interpuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el día 12 de junio. A continuación le pongo la lupa a este asunto, en un intento por extraer con pinza la verdad jurídica y su posible explicación política.

¿Cuál es el contexto?

El 23 de diciembre del 2015, la AN -en aquél entonces bajo el control mayoritario del chavismo-, nombró 33 magistrados mediante un procedimiento “exprés”, considerado como “mal hecho” e inconstitucional, tanto por la oposición como -más recientemente- por la Fiscal General de la República. En el mes de abril de este año, la AN inició un proceso de desincorporación de estos “magistrados”.

¿Por qué la AN tardó más de año y medio?

Según algunos diputados, la AN no podía ejecutar efectivamente la remoción de los 33 magistrados sin el visto bueno del Poder Ciudadano, pues así lo exige el artículo 265 de la Constitución. Esto explica por qué la AN apenas logró juramentar el comité de postulaciones para la elección de los nuevos magistrados el día 13 de junio y nunca antes, toda vez que la actuación de la Fiscal finalmente “satisfizo” el requerimiento normativo estipulado en la Constitución.

Algunas verdades jurídicas

La Fiscalía es uno de los miembros del Poder Ciudadano, de manera que la calificación de falta no recae únicamente en la Fiscal. Por otro lado, si utilizamos el mismo razonamiento jurídico de la AN y de la Fiscal sobre la inconstitucionalidad de la elección de los “magistrados exprés”, debemos concluir que dichas designaciones son nulas y, por lo tanto, no tienen ningún efecto jurídico.

En otras palabras, ni la AN puede remover a dichos 33 “magistrados” ni la Fiscal debió introducir recurso alguno, en virtud de que no es posible remover o impugnar aquello que no existe. En consecuencia, la AN ha debido iniciar el proceso de designación de 33 nuevos magistrados en el año 2016, sin que haya sido necesario supeditar este mandato constitucional al procedimiento de remoción.

¿Qué habría motivado la omisión y reciente sobre marcha de la AN?

La AN cuenta con un equipo de juristas excepcionales. De manera que la adopción del mecanismo contenido en el artículo 265 ejusdem en lugar de la ruta establecida en los artículos 138, 264 y 333 ejusdem habría sido netamente política.

Por su parte, la reacción acelerada de la AN sobre este asunto, horas posteriores a la visita de la Fiscal al TSJ, permite asumir que la AN no desea ser opacada por el liderazgo de una Fiscal que está demostrando tener no sólo la iniciativa jurídico-institucional de la coyuntura sino también una estrategia política frente al comportamiento de los poderes ejecutivo, judicial y electoral.

¿Cómo afecta esta impugnación de magistrados la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal?

Ya el Tribunal Supremo emitió una pronta respuesta a la solicitud de Luisa Ortega Díaz al declarar que anular a los magistrados sería írrito por considerar que subvierte el orden. Asimismo, la Sala Constitucional desestimó el argumento de que los 33 magistrados fueron designados ilegal e irregularmente en 2015 por la Asamblea Nacional, agregando que su remoción o destitución atentaría contra el Estado de Derecho.

Jurídicamente sería impensable acudir a una instancia nula e ilegítima porque, incluso, en el supuesto de que decida a tu favor, esa decisión no tiene efecto.

Ahora bien, desde una perspectiva política, es posible deducir que la Fiscal, en principio, no cuenta con el respaldo de los magistrados contra quienes interpuso recurso de impugnación, ni de los miembros de la Sala Constitucional objeto de la solicitud de antejuicio y tampoco de los jueces de la Sala Electoral. Ello totalizaría al menos 16 jueces. Esto significa que de los 17 magistrados que pueden dar luz verde a la solicitud en la Sala Plena -en un universo de 32 magistrados- la Fiscal no alcanzaría el quórum por tan sólo restar 16 magistrados.

Sin embargo, frente a la contundencia de la medida, cabe espacio para interpretar que la Fiscal actuó porque tiene -o cree que puede conseguir- la mayoría necesaria para proceder penalmente en contra de los implicados. De no ser el caso, las actuaciones de la Fiscalía y de la AN ante el TSJ estarían reducidas al costo político, reorientándose a agotar las instancias judiciales internas y a seguir debilitando al órgano judicial, a través del único mecanismo de acción formal que les queda, es decir, mediante el ejercicio de su investidura como instituciones del Estado.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/06/15/por-que-no-es-posible-remover-magistrados-del-tsj/

¡Luis Estella Morales mintió!

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dicho dos mentiras descomunales sin siquiera parpadear: 1) El voto manual quedó eliminado por la Constitución (CRBV); 2) El conteo manual no existe  en Venezuela.

Voto manual y conteo manual

Si el voto manual está eliminado ¿por qué cuando la maquina de lotería no arranca los electores DEBEN votar manualmente? Si el conteo manual no existe ¿por qué cuando la maquinita no funciona debe realizarse el conteo manual? Contrario a lo expresado por la señora Luisa Estella Morales, la CRBV permite tanto el voto como el conteo manual con el objeto de respetar y garantizar el derecho humano al sufragio de cada venezolano, ante su potencial violación, por parte del Estado, si se insistiese en la instalación de formalidades electrónicas no esenciales (Consúltese los artículos 63 y 257 CRBV, respectivamente).

El gobierno sabe lo que he explicado anteriormente, sin embargo, se están agarrando del conteo manual para construir un pobre argumento que de ningún modo puede reputarse de jurídico.  Si bien resulta difícil caer en ese anzuelito de cartón, debemos poner al descubierto  este intento desesperado de manipular a los ciudadanos frente al tambaleo de su sistema electoral electrónico que, como ya se sabe, constituye el pilar fundamental donde se sustenta la legitimidad de la revolución.

¿Cuál es la verdad y en qué consiste nuestra petición?

Capriles, en representación de la otra mitad del país, no está pidiendo conteo manual. Que nadie se confunda. Lo que se está solicitando es una AUDITORÍA y, una de las etapas de la misma, contempla el conteo manual de papeletas, incluyendo otros instrumentos de verificación, básicamente, los cuadernos y actas electorales.

La auditoria bajo estos parámetros existe en cualquier país “democrático”. De manera que no se trata de una suplica o favor que están pidiendo más 7.2 millones de venezolanos sino que es un derecho y el Estado tiene la obligación de respetarlo. “Mientras tanto” se presume que:

1) El sistema electoral electrónico es inauditable hasta que se demuestre lo contrario;

2) Computadora mata voto hasta que se demuestre lo contrario.

3) Maduro hizo trampa hasta que se demuestre lo contrario.

¿Cómo se demuestra lo contrario?  Mediante una auditoría de, al menos, 90% del sistema donde los resultados informáticos se cotejen con tres instrumentos de verificación: 1) papeletas de voto, 2) actas y 3) cuadernos electorales.

Valga la siguiente ilustración: En Venezuela, el Estado suele pedirle a los ciudadanos original y copia de documentos cuando queremos realizar trámites diversos. El objetivo acá es que el funcionario pueda confrontar el original con la copia para verificar si ésta última es fidedigna. En el caso electoral, el original está conformado por la papeleta, el acta y cuaderno electoral mientras que la copia es el dato que guarda la computadora.

El Reto

De cualquier modo, RETO públicamente al Estado, en cabeza de Nicolás Maduro, Tibisay Lucena y Luis Estella Morales, a que ordene la realización de la auditoría correspondiente a partir del cotejo de los resultados electrónicos con las siguientes pruebas documentales: 1) actas y 2) cuadernos, descartando entonces, el “conteo manual”. También RETO a Luisa Estella Morales a que señale públicamente en que parte nuestra CRBV prohibió el voto y conteo manual.

Desde luego, el gobierno y sus operadores no me tomarán la palabra porque de hacerlo quedaría desenmascarada su conducta ilegal y tramposa.

Como profesor universitario y abogado en ejercicio condeno las infelices declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien ha pretendido otorgarle revestimiento legal a su posición política. Cabe recordar que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces deben presentar sus posturas con estricto apego al Estado de Derecho y en ningún caso como agente de persona o parcialidad política alguna (Véase, por ejemplo, el artículo 145 CRBV)…