Inhabilitaciones

Lo menos que puede hacer un ciudadano serio de este país es calificar de bochornosa la conducta del chavismo y de la oposición en relación con la presente coyuntura política.

Desde una dimensión colectiva, se observa que el Estado ha incumplido su deber constitucional de investigar, enjuiciar y sancionar penalmente a los supuestos corruptos, quienes -bajo tal acusación- han sido ilegalmente inhabilitados por el contralor General de la República. Muchas de estas inhabilitaciones datan del año 2004, es decir, ha habido un plazo razonable de más de tres años para que el Ministerio Público (que cuenta con el monopolio de la acción penal) llevase a cabo las medidas pertinentes a fin de determinar si estos inhabilitados eran o no delincuentes.

De esta manera, el Estado hubiese garantizado los derechos humanos de los supuestos corruptos (particularmente el debido proceso -artículo 49 constitucional- y el acceso a la justicia) así como el derecho de los ciudadanos a saber la verdad sobre el desempeño de esas personas en la administración de la cosa pública.

Ahora bien, desde una dimensión individual, se percibe a una minoría de inhabilitados -a su vez, aspirantes a cargos regionales y municipales- que está organizando marchas y protestas a lo largo y ancho del país en el reclamo legítimo del respeto de sus derechos políticos. Sin embargo, resulta lamentable que estos líderes no hayan desarrollado, desde el primer momento de su inhabilitación, iniciativas similares -en virtud de que cuentan con recursos mediáticos, económicos, e importante apoyo popular- para impulsar con tanto ímpetu como ahora sus causas frente a la Contraloría General de la República y, eventualmente, frente al Ministerio Público con el objeto de coadyuvar al Estado a que le garantizaran sus derechos y, en concreto, aclarar jurídicamente los cuestionamientos hechos.

Y si bien es cierto que algunos inhabilitados tienen hasta tres años interponiendo “recursos administrativos”, es preciso aclarar que esos procedimientos versan sobre la inhabilitación per se (lo adjetivo -consúltese artículos 42 y 65 de la Carta Magna) y no sobre el verdadero punto fundamental que es la determinación de la responsabilidad “penal” de estas personas de conformidad con la Constitución y la Ley Anti-corrupción (lo sustantivo). Consecuentemente, la estrategia de esta minoría ha sido apelar por lo adjetivo con todo el derecho que les asiste pero se hacen “los locos” en cuanto a lo sustantivo. Incluso, más de uno ha negado la acusación hecha (corrupción) por el contralor aun cuando acepta los hechos que acarrearon su inhabilitación. Estas incoherencias y contradicciones en las acciones y omisiones de dicha minoría permitiría inferir entonces el por qué nunca estuvieron interesados en que se les investigara penalmente. ¿No es acaso cierta la máxima popular según la cual el que nada debe nada teme?

Pero eso no es todo; resulta que tampoco se vieron a las fuerzas chavistas protestando y ejerciendo presión ante el Ministerio Público. Peor aún, no se han visto a lo largo de estos tres años a ninguna ONG, Universidad, organización estudiantil (opositora o chavista), las academias, o algún partido político exigiendo siquiera una investigación penal, juicio y sanciones “penales” correspondientes. ¿Será que para la oposición los únicos corruptos están dentro del chavismo?

Pareciera que en Venezuela los actores políticos y la sociedad civil han perdido el sentido común de las cosas. Más aún, este es un ejemplo a escala del actual discurso político venezolano. Todo es superficial (inhabilitaciones), nada se aborda con profundidad (¿son o no son corruptos?).

Desde una dimensión internacional, se debe advertir que la ulterior restricción del derecho que tiene una persona (por ejemplo la “libertad” a través del presidio o los “derechos políticos” con una inhabilitación) le impone al Estado la obligación previa de respetar y garantizar el debido proceso de dicho individuo, sin importar que éste sea un delincuente consumado o una persona honorable. Y es con fundamento en esta situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha otorgado medidas de protección a favor de algunos inhabilitados.

En otros términos, la CIDH no entra a discutir si los inhabilitados son o no son corruptos; en realidad, la visión “política” y jurídica de la CIDH radica en que incluso los “corruptos” tienen derechos humanos que deben ser respetados por el Estado Venezolano del mismo modo como ha sugerido que Estados Unidos tiene la obligación de respetar las garantías judiciales de los “terroristas” en Guantánamo. Este sería el mensaje que el ciudadano de a pie debe recibir para que no sea objeto de manipulaciones.

En conclusión, el tratamiento de las inhabilitaciones por parte de la oposición y el chavismo envía un ejemplo pernicioso al ciudadano de a pie. No de es de extrañar que uno escuche en las calles expresiones tales como “todos son iguales”, etc. Entonces sería injusto condenar a una persona de escasos recursos económicos que decida apoyar, en el próximo proceso electoral, a determinados líderes en función a las prebendas que pueda obtener con éstos.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/2008/08/09/opi_art_inhabilitaciones_11A1892607.shtml