El Estado antidemocrático

Algunas personas creen, erróneamente, que en Venezuela no hay separación e independencia de facto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a causa de la Ley Habilitante.

Sin embargo, dicha ley no es más que la “forma” como se materializa esta realidad. El “fondo” es que, con ley o sin Ley Habilitante, la Asamblea Nacional (AN) manifestó en diversas oportunidades, además con orgullo, estar sometida a las órdenes del comandante presidente de la República.

Quiere decir que, desde el punto de vista jurídico, al haber quedado la AN confesa respecto de la infracción cometida (subordinarse a otro poder público), ni siquiera es necesario probar por qué el contenido y alcance de la Ley Habilitante es antidemocrática.

Pero es que la violación del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana por parte de Venezuela también incluye al Poder Judicial. Para nadie es un secreto que el Estado venezolano está utilizando el sistema de justicia como instrumento de retaliación política.

Y es dentro de este contexto que tienen lugar los llamados juicios politizados, es decir, procesos judiciales donde el Estado inobserva el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los imputados (Véase los artículos 8 y 25 del Pacto de San José) por razones políticas.

Es importante recalcar que más allá de que la persona sea culpable o inocente, el punto determinante es que el juicio no sea imparcial debido a motivaciones políticas.

En estos últimos 12 de años ha habido más juicios politizados de los que uno puede contar con los dedos de la mano. Pero basta mencionar tres casos que de anteojitos han representado pases de factura política; estos son los procesos para meter preso al
Gral. Francisco Usón, a Leocenis García y a la jueza María Lourdes Afiuni.

Al respecto la Corte Interamericana DDHH considera que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces… (La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas”. (Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú-Fujimori).

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico interamericano es claro: No hay democracia sin la efectiva separación e independencia de los poderes públicos.

Ahora bien, en plano político hay otra realidad. Por un lado, el presidente Chávez afirma que aquí hay democracia y, por otro lado, el señor Teodoro Petkoff -líder de opinión- le da la razón cuando expresa por la Voz de America que no estamos en dictadura. Es entendible entonces que algunos todavía pregunten: ¿Es el sistema político venezolano de facto una dictadura; acaso una democracia socialista o una democracia popular (como Corea del Norte, Argelia y la Alemania soviética)?

Sin embargo, para el Derecho Internacional la respuesta a esa pregunta es contundente: Venezuela es un Estado antidemocrático porque está violando, de forma sistemática y deliberada, el orden democrático establecido por el marco jurídico interamericano del cual forma parte. Punto.

El problema es que, históricamente, en la OEA los contextos políticos por lo general han dejado en un segundo plano al estado de derecho interamericano. En este caso, está por verse cuánto tiempo más los petrodólares continuarán prevaleciendo sobre los valores democráticos de la región.

claudioj.sandoval@gmail.com

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El Estado antidemocrático

Algunas personas creen, erróneamente, que en Venezuela no hay separación e independencia de facto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a causa de la Ley Habilitante.

Sin embargo, dicha ley no es más que la “forma” como se materializa esta realidad. El “fondo” es que, con ley o sin Ley Habilitante, la Asamblea Nacional (AN) manifestó en diversas oportunidades, además con orgullo, estar sometida a las órdenes del comandante presidente de la República.

Quiere decir que, desde el punto de vista jurídico, al haber quedado la AN confesa respecto de la infracción cometida (subordinarse a otro poder público), ni siquiera es necesario probar por qué el contenido y alcance de la Ley Habilitante es antidemocrática.

Pero es que la violación del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana por parte de Venezuela también incluye al Poder Judicial. Para nadie es un secreto que el Estado venezolano está utilizando el sistema de justicia como instrumento de retaliación política.

Y es dentro de este contexto que tienen lugar los llamados juicios politizados, es decir, procesos judiciales donde el Estado inobserva el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los imputados (Véase los artículos 8 y 25 del Pacto de San José) por razones políticas.

Es importante recalcar que más allá de que la persona sea culpable o inocente, el punto determinante es que el juicio no sea imparcial debido a motivaciones políticas.

En estos últimos 12 de años ha habido más juicios politizados de los que uno puede contar con los dedos de la mano. Pero basta mencionar tres casos que de anteojitos han representado pases de factura política; estos son los procesos para meter preso al
Gral. Francisco Usón, a Leocenis García y a la jueza María Lourdes Afiuni.

Al respecto la Corte Interamericana DDHH considera que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces… (La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas”. (Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú-Fujimori).

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico interamericano es claro: No hay democracia sin la efectiva separación e independencia de los poderes públicos.

Ahora bien, en plano político hay otra realidad. Por un lado, el presidente Chávez afirma que aquí hay democracia y, por otro lado, el señor Teodoro Petkoff -líder de opinión- le da la razón cuando expresa por la Voz de America que no estamos en dictadura. Es entendible entonces que algunos todavía pregunten: ¿Es el sistema político venezolano de facto una dictadura; acaso una democracia socialista o una democracia popular (como Corea del Norte, Argelia y la Alemania soviética)?

Sin embargo, para el Derecho Internacional la respuesta a esa pregunta es contundente: Venezuela es un Estado antidemocrático porque está violando, de forma sistemática y deliberada, el orden democrático establecido por el marco jurídico interamericano del cual forma parte. Punto.

El problema es que, históricamente, en la OEA los contextos políticos por lo general han dejado en un segundo plano al estado de derecho interamericano. En este caso, está por verse cuánto tiempo más los petrodólares continuarán prevaleciendo sobre los valores democráticos de la región.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/110118/el-estado-antidemocratico

¡Sí violaste la Carta Democrática!

En Venezuela, el primer estudio científico documentado sobre la Carta Democrática Interamericana (CDI) fue realizado por quien suscribe, bajo la tutoría académica del internacionalista Dr. Adolfo Salgueiro. Dicho trabajo fue publicado posteriormente en la revista Debate Social, de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).

En tal sentido, la Carta Democrática es el instrumento jurídico que el sistema interamericano ha generado para fortalecer la democracia y los derechos a ella vinculados (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama).

Gracias a este documento legal, vinculante para la República Bolivariana de Venezuela, ningún Estado miembro puede esbozar interpretaciones libres y acomodaticias de la democracia ya que la Carta instituyó una definiciónespecífica de democracia (artículo 1) así como parámetros objetivos (artículos 2, 3 y ss.) para determinar alteraciones del orden constitucional y, más importante aún, del orden democrático. En esencia, se trata de un mecanismo jurídico y político de defensa colectiva de la democracia.

En este caso, el Estado venezolano llevó a cabo un acto antidemocrático porque transgredió el artículo 3 de la CDI que consagra “la separación e independencia de los poderes públicos” como uno de elementos esenciales de la democracia.

A este respecto, el padre de la teoría, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, expuso: “Cuando el Poder Legislativo está unido al Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente”.

Es un hecho cierto, público y notorio que la anterior Asamblea Nacional (AN) se auto declaró chavista y subordinada a las órdenes del comandante presidente de la República. Y en habitual demostración de obediencia “revolucionaria” la AN acató el dictamen del Poder Ejecutivo nacional de promulgar una ley habilitante.

Es importante aclarar que la infracción del orden democrático que hace mención el articulo 19 de la CDI no deviene de la ley habilitante per se sino de su contenido y alcance. Ambos aspectos harán ilusoria la principal función de la nueva AN que es, precisamente, legislar.

Con esta medida se ha materializado el temor Montesquieu; el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están encarnados, por 18 meses, en una misma persona. Aunque jurídicamente esté contemplada la separación e independencia de ambos poderes, hay otra realidad de facto.

Ciertamente, la OEA no tiene cualidad ni competencia de derecho interno para determinar si se ha violado el orden constitucional. Lo que sí puede el organismo hemisférico es establecer cuándo la Constitución, una ley o decreto promulgado por un Estado miembro altera el orden democrático que consagra el marco jurídico interamericano (Carta de la OEA, CDI, entre otros).

Adicionalmente, el Derecho Internacional (DI) prohíbe que un Estado justifique el incumplimiento de obligaciones internacionales en razón de su derecho interno.

Por lo tanto, el Estado venezolano está compelido a observar la normativa interamericana y los pronunciamientos que sobre el mismo tenor hagan sus órganos jurisdiccionales.

De lo contrario, es preferible que se retire de la OEA, pues el DI tampoco permite que un Estado consienta, de buena fe, en observar normas internacionales para que luego el gobierno de turno incumpla tales obligaciones.

claudioj.sandoval@gmail.com

¡Sí violaste la Carta Democrática!

En Venezuela, el primer estudio científico documentado sobre la Carta Democrática Interamericana (CDI) fue realizado por quien suscribe, bajo la tutoría académica del internacionalista Dr. Adolfo Salgueiro. Dicho trabajo fue publicado posteriormente en la revista Debate Social, de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).

En tal sentido, la Carta Democrática es el instrumento jurídico que el sistema interamericano ha generado para fortalecer la democracia y los derechos a ella vinculados (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama).

Gracias a este documento legal, vinculante para la República Bolivariana de Venezuela, ningún Estado miembro puede esbozar interpretaciones libres y acomodaticias de la democracia ya que la Carta instituyó una definiciónespecífica de democracia (artículo 1) así como parámetros objetivos (artículos 2, 3 y ss.) para determinar alteraciones del orden constitucional y, más importante aún, del orden democrático. En esencia, se trata de un mecanismo jurídico y político de defensa colectiva de la democracia.

En este caso, el Estado venezolano llevó a cabo un acto antidemocrático porque transgredió el artículo 3 de la CDI que consagra “la separación e independencia de los poderes públicos” como uno de elementos esenciales de la democracia.

A este respecto, el padre de la teoría, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, expuso: “Cuando el Poder Legislativo está unido al Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente”.

Es un hecho cierto, público y notorio que la anterior Asamblea Nacional (AN) se auto declaró chavista y subordinada a las órdenes del comandante presidente de la República. Y en habitual demostración de obediencia “revolucionaria” la AN acató el dictamen del Poder Ejecutivo nacional de promulgar una ley habilitante.

Es importante aclarar que la infracción del orden democrático que hace mención el articulo 19 de la CDI no deviene de la ley habilitante per se sino de su contenido y alcance. Ambos aspectos harán ilusoria la principal función de la nueva AN que es, precisamente, legislar.

Con esta medida se ha materializado el temor Montesquieu; el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están encarnados, por 18 meses, en una misma persona. Aunque jurídicamente esté contemplada la separación e independencia de ambos poderes, hay otra realidad de facto.

Ciertamente, la OEA no tiene cualidad ni competencia de derecho interno para determinar si se ha violado el orden constitucional. Lo que sí puede el organismo hemisférico es establecer cuándo la Constitución, una ley o decreto promulgado por un Estado miembro altera el orden democrático que consagra el marco jurídico interamericano (Carta de la OEA, CDI, entre otros).

Adicionalmente, el Derecho Internacional (DI) prohíbe que un Estado justifique el incumplimiento de obligaciones internacionales en razón de su derecho interno.

Por lo tanto, el Estado venezolano está compelido a observar la normativa interamericana y los pronunciamientos que sobre el mismo tenor hagan sus órganos jurisdiccionales.

De lo contrario, es preferible que se retire de la OEA, pues el DI tampoco permite que un Estado consienta, de buena fe, en observar normas internacionales para que luego el gobierno de turno incumpla tales obligaciones.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/110112/si-violaste-la-carta-democratica

Verdugos de la democracia

La defenestración de Carlos Andrés Pérez ocasionó el colapso definitivo del sistema democrático puntofijista; imposibilitó la transición hacia una democracia evolucionada y allanó el camino para la instauración de un régimen antidemocrático en Venezuela.

El rencor, la envidia, el oportunismo político y los intereses particulares de los líderes -como Ramón Escovar Salom, Rafael Caldera, Alfaro Ucero, Henry Ramos Allup, entre otros- predominaron sobre las prioridades de la patria.

Por lo tanto, tampoco es de extrañar que esta confabulación de vengadores públicos estuviera conformada por figuras con visiones autocráticas del Estado, como José Vicente Rangel y Arturo Uslar Pietri.

Desde otro flanco, AD, Copei y sus empresarios también se opusieron a la conversión de CAP (de populista a estadista) ya que les acarrearía la pérdida de ciertos privilegios y comodidades.

Aún más contradictorio resultó el rol de los medios de comunicación. A pesar de que CAP acometió reformas liberales de promoción del libre mercado, gobierno limitado y fortalecimiento del sector privado, personas como Marcel Granier vendieron la antipolítica como la salida a la crisis de la partidocracia.

Aunque compartían la visión sistémica de la reforma no pudieron hacer del gocho otro títere más. Por eso promovieron la inestabilidad y patrocinaron el ascenso de Chávez al poder. Sin embargo, no se percataron de que Miraflores sería dirigido ulteriormente por Fidel…

De allí que la lucha contra CAP y Chávez es la misma; nunca ha estado supeditada a la democracia. Estos señores añoran los tiempos de otrora cuando el país estaba a sus pies, cuando manipulaban a la sociedad para enrumbarnos por caminos ajenos al bienestar colectivo, cuando quitaban y ponían presidentes.

Lo cual explica el caradurismo y la soberbia que exhiben en televisión, rasgándose las vestiduras por la libertad, los principios y valores democráticos. Pero ¿cuál libertad? En realidad, están exigiendo y tratando de hacer valer su libertad y sus intereses a toda costa, incluso aunque se contrapongan a los del pueblo.

Y en algo estoy de acuerdo con Chávez: “No volverán”. Porque constantemente emergen líderes independientes, refrescantes y con la determinación de sacar a Venezuela del continuado estado de descomposición provocado por estos líderes de (la) cuarta y de (la) quinta…

Quienes ayer justificaron las intentonas golpistas del 92 y escribían cartas de respaldo a los militares insurrectos, hoy estuvieron bebiéndole el chocolate caliente a CAP en su funeral. Algunos están arrepentidos, pero otros siguen siendo los mismos hipócritas de siempre.

Y han llegado al extremo de alcahuetear las ilegalidades de Chávez. Saben que si cambia el status quo polarizante, pasarían a un segundo plano. Ibsen, hermano, son ¡irrecuperables!

En cuanto a CAP, la historia actual nos informa que no era el locoven que muchos creían. A partir del juicio político que le montaron, podemos ver a un hombre que creyó fervientemente en la institucionalidad democrática -a pesar de que era inexistente. Sus obras políticas, como la nacionalización petrolera, Fundayacucho y el frustrado intento de reformar el Estado, dan fe de un líder adelantado a su generación.

Desafortunadamente, el legado de Carlos Andrés está ligado con la corrupción, la persecución política, la represión y la violación de los derechos humanos.

claudioj.sandoval@gmail.com