Solicitud en torno al Régimen de Denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos / Nota de Alerta sobre la Denuncia consignada por la República Bolivariana de Venezuela

Descargar escrito de solicitud aquí.

Descargar Nota de denuncia del Estado Venezolano aquí.

Descargar acuse de recibo por parte de la Comisión Interamericana de nuestro escrito de solicitud aquí.

Descargar respuesta de la Comisión Interamericana sobre nuestra solicitud aquí.

Salida de Venezuela de Pacto de San José

svdsjDesde este espacio nuevamente lamentamos la denuncia efectuada por el gobierno de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Esta intención de retiro de la CADH fue efectuada por la Cancillería el 10 de septiembre del año pasado y habría entrado en efecto el 10 de septiembre de 2013, según lo establecido en el artículo 78 de la CADH.

Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, defensores de derechos humanos agrupados en otras organizaciones nacionales e internacionales, activistas, victimas, académicos y ciudadanos en general publicamos una petición por Internet, con el objeto de recabar más de diez mil firmas en expresión de nuestra inconformidad colectiva frente a lo sucedido. En este artículo parafraseo el contenido de esta petición.

En efecto, la salida de Venezuela este tratado de protección de derechos humanos es grave, ya que de forma manifiesta el gobierno venezolano está desconociendo los principios de progresividad, irreversibilidad e irrenunciabilidad de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en la CADH.

Por esa razón presentamos una comunicación ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) invitándola a solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto al régimen de retiro del Pacto de San José ya que el sistema interamericano, conformado a partir de la CADH, está pasando por un periodo de vulnerabilidad extrema a causa de esta acción temeraria por parte del Estado venezolano, lo cual, adujimos, pudiera traer como consecuencia el retiro unilateral o colectivo de los países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En el ámbito nacional, se introdujo una acción de nulidad de esta denuncia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en septiembre del año pasado, la cual aún no ha sido decidida por esta instancia.

Consideramos que con esta acción del gobierno de Venezuela se debilita y cercena el derecho de petición que tienen los venezolanos de acudir a la Corte IDH en la búsqueda del amparo de sus derechos humanos, tal y como quedó consagrado en los artículos 44 de la CADH y 31 de la Constitución de Venezuela. Como resultado de lo anterior, la Corte IDH dejaría de examinar violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado venezolano con lo cual estas violaciones quedarán impunes y las víctimas sin reparación cuando internamente el sistema judicial haya fallado en su misión de impartir justicia.

Sin embargo, reiteramos que, alternativamente, las víctimas podrán presentar sus reclamos internacionales ante la Comisión y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Albergamos la esperanza que las autoridades recapaciten y que en un futuro, Venezuela pueda participar activamente a instancias del sistema convencional instaurado a partir del Pacto de San José.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/130912/salida-de-venezuela-de-pacto-de-san-jose

No puedes salirte del Pacto de San José

Tanto el Derecho Interno como el Derecho Internacional impiden al presidente Chávez retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

En el ámbito nacional, dicha afirmación se fundamenta en los artículos 19 y 23, en concordancia con los artículos 2, 3, 7 y 152 de nuestra Constitución Nacional (CRBV). En líneas generales, el mandato de la CRBV comprende dos ideas: El Estado no puede denunciar la CADH porque ello constituye una medida regresiva en contraste con la evolución del estándar protectorio alcanzado en materia de Derechos Humanos (DDHH). Aunado a esto, la CADH tiene rango constitucional y es jerárquicamente superior a la CRBV cuando sus normas sean más favorables a la persona humana (supraconstitucionalidad en razón del principio pro homine).

A su vez, lo anterior produce dos consecuencias: Primero, existe una restricción a las facultades del ejecutivo para denunciar Tratados de DDHH ratificados por la República. Segundo, el retiro de la CADH ni siquiera sería válido con la derogación de la ley aprobatoria que la incorporó sino que es necesario reformar la Constitución, partiendo de los términos establecidos en su artículo 342. Por ambas razones, en conexión con el artículo 25 CRBV, el acto que contiene la referida denuncia resulta nulo.

En la esfera jurídica internacional, el sistema interamericano tiene la obligación de determinar la nulidad de la notificación hecha por la administración Chávez y si surte efectos a instancia de la OEA, a la luz de la CADH. Ello obedece a que el Derecho Internacional también reconoce la figura de los actos unilaterales nulos. Uno de los supuestos de invalidez de un acto unilateral ocurre cuando el agente del Estado, en virtud de su Derecho Interno, tiene restricción especifica de poderes para manifestar la voluntad Estatal (Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, presentado en su 54 periodo de sesiones, para 321).

Y ¿qué es la voluntad de un Estado? Aquella que se encuentra originariamente consagrada en su Constitución y leyes, es decir, se expresa por medio del Estado de Derecho, pudiendo coincidir o no con el deseo personal del gobernante de turno.

Me explico con un ejemplo: Si el presidente Chávez consiente instalar bases militares rusas, iraníes o chinas en Venezuela, dicho acto es nulo, pues más allá de su voluntad, la que prevalece es la de nuestra nación-Estado según la cual no se podrán establecer “bases militares extranjeras” en el país (artículo 13 CRBV). Lo mismo aplica para el punto abordado, vale concretar, el consentimiento de Chávez de abandonar el Sistema Interamericano de Protección de DDHH es contrario a la voluntad del Estado, como se evidencia de los artículos constitucionales citados.

En consecuencia, estamos planteándole a la CIDH que someta una solicitud de opinión consultiva (artículo 64 CADH) a la Corte IDH para que en su condición de máximo garante del “control de convencionalidad” de la CADH se pronuncie sobre los siguientes asuntos: En relación con la CADH, en el marco de su artículo 78: 1. ¿Cuáles son las condiciones de nulidad de una denuncia? 2. Si los poderes de un representante para manifestar la voluntad de un Estado en denunciar la CADH ha sido objeto de una restricción específica de Derecho Interno, ¿debe entenderse que la inobservancia de esa restricción por tal representante perfecciona un vicio del consentimiento que invalida la denuncia? Respecto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT): 2. En el marco del artículo 78 de la CADH ¿puede aplicarse análogamente el contenido del artículo 47 de la CVDT (que codifica costumbre) al acto unilateral de denuncia de la CADH y considerarlo nulo? La CIDH también pudiera preguntarle a la Corte IDH que exponga su opinión acerca de la compatibilidad del instrumento declaratorio de la denuncia respecto de la CRBV y la propia CADH (artículo 72 del Reglamento de la Corte IDH).

De cualquier modo, aunque Chávez tenga éxito en su intento de debilitar políticamente a la CIDH, convirtiéndola en una institución de cócteles y banquetes, en el campo jurídico los venezolanos seguirán teniendo la posibilidad de elevar peticiones ante la Comisión, con base al proceso cuasi-judicial de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 23 Reglamento de la CIDH). La buena noticia es que de acuerdo al Derecho Interno venezolano, las sentencias de la Corte IDH y las decisiones-recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento, gracias a la orden taxativa del artículo 31 CRBV.

Chávez sólo tiene dos caminos de evasión del sistema interamericano, ya sea abandonando la OEA o consiguiendo que se reforme la Carta de la organización y se excluya a la CIDH como órgano principal (artículo 106). La segunda alternativa es más difícil de alcanzar que la primera.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/121129/no-puedes-salirte-del-pacto-de-san-jose