CiberActivismo para Campañas Electorales

¿Qué Hacer Para APORTAR En Las Elecciones Y Cómo Hacerlo?

 

Hola, te invito a activarte por Venezuela rumbo a las elecciones del 14 de abril (en los siguientes vinculos):

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“CiberActivismo para Campañas Electorales” http://youtu.be/pSi5NmSoMJs

¿Quieres ser cibervoluntario en esta campaña? Es fácil, sigue las instrucciones > http://ow.ly/jE2LM

Gracias,
Claudio

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Se busca sociedad civil con moto propia

Con la falta de transparencia e independencia del Poder Electoral venezolano, el Estado ha cerrado la opción de la salida electoral a la cada vez más volátil crisis política en Venezuela. En tal sentido, el asunto electoral, apenas constituye una de las estaciones a transitar, mas no el camino per se.

La etapa previa al anhelado episodio electoral implicaría la activación y movilización ciudadana en torno a dos grandes objetivos (sin exclusión de otros), a saber: 1) Lograr la depuración del proceso electoral (transparencia e imparcialidad); 2) Campaña de presión en rechazo a la injerencia cubana.
La historia de la lucha exitosa contra gobiernos que han secuestrado los poderes públicos destaca el desempeño excepcional de la sociedad civil. Las revoluciones de colores en Europa del Este y la Primavera Árabe son ejemplos palpables.

No es coincidencia que en Venezuela tengamos como hecho objetivo que las dos únicas oportunidades donde la oposición derrotó políticamente a Chávez tuvieron lugar en 2002 y 2007, con ocasión a las movilizaciones de la sociedad civil, representada por los gremios, sindicatos, campesinos, empresarios, tecnócratas y estudiantes.

En estas experiencias también se pudo observar cómo los partidos políticos fueron desplazados por los ciudadanos en vista de que las estructuras monolíticas partidistas habían quedado neutralizadas, viéndose obligados a cohabitar con el gobierno y a subsistir como parte del status quo.

Desafortunadamente, la sociedad civil venezolana hoy día se encuentra desmovilizada y su potencialidad como grupo de presión política no ha sido canalizada exitosamente por ningún liderazgo.

¿Por qué se justifica la reemergencia de la sociedad civil?

1. Las respetables iniciativas de la oposición incluyen únicamente a los partidos políticos y tienen un objetivo netamente electoral; mientras que la sociedad civil es más amplia y está compuesta por ciudadanos independientes, miembros de partidos políticos, sindicatos, gremios, estudiantes, campesinos, entre otros. Su objetivo no debe ser electoral, más bien, debe reivindicar sus luchas sociopolíticas; en este caso, exigir la conformación de un sistema electoral transparente e imparcial y el rechazo al control cubano de Venezuela y de nuestro destino. En síntesis, más que políticos estamos hablando de ciudadanos movilizados para exigir el respeto de sus derechos.

2. La oposición solamente cuenta con representantes políticos pero no cuenta con una representación importante de la sociedad civil venezolana. Mientras los políticos de la oposición se están preparando para participar en el calendario electoral impuesto por el CNE, con o sin “vicios”, la sociedad civil debe enfocarse en evitar que se realicen tales elecciones hasta que quede neutralizada la trampa o “vicio” electoral (término utilizado por la oposición política para referirse al proceso electoral venezolano).

3. Mientras los políticos coordinan con sus comandos de campaña electoral, la sociedad civil debe coordinar comandos locales, estadales y nacionales contra la injerencia cubana, en defensa de nuestra soberanía.

4. Los ciudadanos tienen el deber de tomar las riendas de su propio destino y exigir sus derechos sin intermediarios, lo cual constituye el principio fundamental de la democracia participativa y el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo. Ni el Estado, mucho menos los políticos tradicionales tienen la autoridad moral y jurídica de obligar a los ciudadanos a renunciar, como venezolanos, a exigir sus derechos directamente.

Como puede apreciarse, no estamos desmereciendo el rol de los partidos políticos sino presentando un manifiesto sobre la corresponsabilidad y complementariedad entre la sociedad civil y los políticos profesionales, que permita presentar a una oposición sólida, capaz de neutralizar las sistemáticas irregularidades cometidas por el Gobierno en detrimento de la imparcialidad del proceso electoral y la soberanía patria.

http://www.eluniversal.com/opinion/130214/se-busca-sociedad-civil-con-moto-propia

No puedes salirte del Pacto de San José

Tanto el Derecho Interno como el Derecho Internacional impiden al presidente Chávez retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

En el ámbito nacional, dicha afirmación se fundamenta en los artículos 19 y 23, en concordancia con los artículos 2, 3, 7 y 152 de nuestra Constitución Nacional (CRBV). En líneas generales, el mandato de la CRBV comprende dos ideas: El Estado no puede denunciar la CADH porque ello constituye una medida regresiva en contraste con la evolución del estándar protectorio alcanzado en materia de Derechos Humanos (DDHH). Aunado a esto, la CADH tiene rango constitucional y es jerárquicamente superior a la CRBV cuando sus normas sean más favorables a la persona humana (supraconstitucionalidad en razón del principio pro homine).

A su vez, lo anterior produce dos consecuencias: Primero, existe una restricción a las facultades del ejecutivo para denunciar Tratados de DDHH ratificados por la República. Segundo, el retiro de la CADH ni siquiera sería válido con la derogación de la ley aprobatoria que la incorporó sino que es necesario reformar la Constitución, partiendo de los términos establecidos en su artículo 342. Por ambas razones, en conexión con el artículo 25 CRBV, el acto que contiene la referida denuncia resulta nulo.

En la esfera jurídica internacional, el sistema interamericano tiene la obligación de determinar la nulidad de la notificación hecha por la administración Chávez y si surte efectos a instancia de la OEA, a la luz de la CADH. Ello obedece a que el Derecho Internacional también reconoce la figura de los actos unilaterales nulos. Uno de los supuestos de invalidez de un acto unilateral ocurre cuando el agente del Estado, en virtud de su Derecho Interno, tiene restricción especifica de poderes para manifestar la voluntad Estatal (Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, presentado en su 54 periodo de sesiones, para 321).

Y ¿qué es la voluntad de un Estado? Aquella que se encuentra originariamente consagrada en su Constitución y leyes, es decir, se expresa por medio del Estado de Derecho, pudiendo coincidir o no con el deseo personal del gobernante de turno.

Me explico con un ejemplo: Si el presidente Chávez consiente instalar bases militares rusas, iraníes o chinas en Venezuela, dicho acto es nulo, pues más allá de su voluntad, la que prevalece es la de nuestra nación-Estado según la cual no se podrán establecer “bases militares extranjeras” en el país (artículo 13 CRBV). Lo mismo aplica para el punto abordado, vale concretar, el consentimiento de Chávez de abandonar el Sistema Interamericano de Protección de DDHH es contrario a la voluntad del Estado, como se evidencia de los artículos constitucionales citados.

En consecuencia, estamos planteándole a la CIDH que someta una solicitud de opinión consultiva (artículo 64 CADH) a la Corte IDH para que en su condición de máximo garante del “control de convencionalidad” de la CADH se pronuncie sobre los siguientes asuntos: En relación con la CADH, en el marco de su artículo 78: 1. ¿Cuáles son las condiciones de nulidad de una denuncia? 2. Si los poderes de un representante para manifestar la voluntad de un Estado en denunciar la CADH ha sido objeto de una restricción específica de Derecho Interno, ¿debe entenderse que la inobservancia de esa restricción por tal representante perfecciona un vicio del consentimiento que invalida la denuncia? Respecto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT): 2. En el marco del artículo 78 de la CADH ¿puede aplicarse análogamente el contenido del artículo 47 de la CVDT (que codifica costumbre) al acto unilateral de denuncia de la CADH y considerarlo nulo? La CIDH también pudiera preguntarle a la Corte IDH que exponga su opinión acerca de la compatibilidad del instrumento declaratorio de la denuncia respecto de la CRBV y la propia CADH (artículo 72 del Reglamento de la Corte IDH).

De cualquier modo, aunque Chávez tenga éxito en su intento de debilitar políticamente a la CIDH, convirtiéndola en una institución de cócteles y banquetes, en el campo jurídico los venezolanos seguirán teniendo la posibilidad de elevar peticiones ante la Comisión, con base al proceso cuasi-judicial de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 23 Reglamento de la CIDH). La buena noticia es que de acuerdo al Derecho Interno venezolano, las sentencias de la Corte IDH y las decisiones-recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento, gracias a la orden taxativa del artículo 31 CRBV.

Chávez sólo tiene dos caminos de evasión del sistema interamericano, ya sea abandonando la OEA o consiguiendo que se reforme la Carta de la organización y se excluya a la CIDH como órgano principal (artículo 106). La segunda alternativa es más difícil de alcanzar que la primera.

claudioj.sandoval@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/121129/no-puedes-salirte-del-pacto-de-san-jose

13 razones para ser disidente

1. Inseguridad. Una situación que va de mal en peor. Hasta ahora no vemos luz al final del túnel.

2. Inflación. El alto costo de la vida es evidente. La mayoría de los venezolanos cada día nos esforzamos más, pero tenemos menos calidad de vida.

3. Propiedad privada. Chávez está quitándole a la gente lo suyo. Su revolución arremete contra el honor, esfuerzo, coraje, emprendimiento, trabajo, constancia, perseverancia y disciplina de los venezolanos. Ahora el “nuevo” paradigma es la propiedad colectiva a la marxista. En otras palabras, de la noche a la mañana la revolución puede apropiarse de lo que tú y los tuyos han obtenido honradamente. Esa ha sido la suerte de muchos conciudadanos, dueños de fincas en el Sur del Lago, Apure y Barinas. También se han nacionalizado empresas altamente productivas en diversos rubros.

4. Inseguridad alimentaria. La soberanía alimentaria socialista, en la práctica, ha significado el debilitamiento del sector privado productivo y la importación de la mayoría de los productos que consumimos. El resultado es la escasez de los alimentos.

5. Desempleo. Los desaciertos de Chávez en el ámbito económico han mermado las fuentes de empleo formal, obligando a la gente a buscar medios de subsistencia dentro de la economía informal. Adicionalmente, existen, al menos, otros tres grupos de desempleados: 1) Aquellos que Chávez botó por ser “escuálidos” cuando tomó alguna empresa; 2) Los que perdieron sus puestos cuando presionó a tal punto a sus patronos que debieron cerrar las puertas (Caso RCTV, por ejemplo); 3) los venezolanos que aparecen en la lista Tascón.

6. Discriminación. Precisamente, la lista Tascón es la prueba más palpable del nivel de exclusión y marginación impulsado por Chávez en contra de todo aquel venezolano que piense distinto a él.

7. Desabastecimiento industrial. Este problema es tan grave que uno ni siquiera encuentra cabillas para construir una vivienda.

8. Fijación con el modelo cubano. Al menos el 95% de los venezolanos rechazamos el sistema totalitario impuesto por Fidel Castro en Cuba. Sin embargo, Chávez está empeñado en seguir el ejemplo de Fidel, a quien cataloga de padre y máximo líder.

9. Corrupción. Estamos cansados del atraco constante por parte de los choros de cuello blanco. Escándalos como PDVAL y del Maletín dejan a los adecos y copeyanos como niños de pecho frente a los boliburgueses.

10. Libertad de expresión. El caso RCTV, el expediente contra Globovisión y la lista Tascón se resumen en una misma oración: Retaliación política por expresar desacuerdo con Chávez.

11. Narco-Terrorismo. La mayoría de los venezolanos desaprobamos el mutuo coqueteo entre Chávez y las FARC.

12. Narcotráfico. No es un secreto que lideres cercanos al entorno presidencial (como el exgobernador Acosta Carlés) han mantenido vínculos estrechos con esta industria.

13. Irán. El gobierno de Mahmoud Ahmadinejad ha declarado públicamente su deseo de que el pueblo judío deje de existir. Los amantes de la paz y hermandad entre los pueblos rechazamos cualquier desarrollo de acuerdos de cooperación (en especial de tipo nuclear) con gobiernos peligrosos para la humanidad.

claudioj.sandoval@gmail.com