¿Por qué Constituyente viola derechos humanos?

Con la propuesta Constituyente presentada por el gobierno de Venezuela ha surgido un debate procedimental enfocado en la obligatoriedad o no de realizar un referendo consultivo de convocatoria que permita su instalación y otro posterior para aprobar una nueva Constitución.

Argumentos del gobierno

En vista de que la Constitución no ordena expresamente la celebración de referendos consultivo y aprobatorio sobre este particular, por un lado, el presidente puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin consulta popular, y por otro lado esa Asamblea estaría facultada para aprobar directamente una nueva Constitución, de conformidad con los artículos 347 y 348 de la Carta Magna vigente.

Argumentos desde los derechos humanos

Con base en la interpretación evolutiva y dinámica de los derechos humanos (artículo 23 de la Constitución) y su progresividad (artículo 19 ejusdem) es posible concluir que el Estado venezolano –poderes Ejecutivo, Electoral, Ciudadano y Judicial– está violando el derecho al sufragio universal (artículo 63 ejusdem), entre otros derechos, por no permitirle al ciudadano-soberano votar a favor o en contra de la propuesta inicial y del texto resultante.

Reglas de interpretación

En virtud de que la propuesta toca el núcleo esencial de derechos fundamentales, todo ejercicio interpretativo debe estar sujeto al Derecho de los Derechos Humanos, reconocido por la propia Constitución y los tratados suscritos por Venezuela.

En ese sentido, la interpretación de derechos humanos nunca puede ser restrictiva. Sin embargo, la postura del Estado venezolano lo es porque limita el contenido y alcance del derecho al voto, de cara al estándar establecido durante el proceso constituyente de 1999, en el que hubo referendos populares.

Ante aparentes vacíos jurídicos es el Estado el que siempre está restringido –no el ciudadano– a la hora de ejercer atribuciones no estipuladas normativamente, ello en virtud del incontrovertido y lapidario principio de legalidad constitucional. Esta noción resulta preponderante en el caso del artículo 348 de la Constitución, el cual únicamente faculta a la Asamblea Constituyente a “redactar” un texto jurídico, nunca a aprobarlo en forma de Constitución.

No menos importante es la denominada interpretación pro homine, que obliga al Estado a aplicar la interpretación más garantista al elector en aquellos casos en los que se desprendan varias interpretaciones sobre una misma norma. Frente a la ponderación de derechos, la obligación pro homine otorga preeminencia a los derechos humanos sobre cualquier otro derecho constitucional. Su reconocimiento en la Constitución de 1999 es uniforme y taxativo en distintos presupuestos de hecho, particularmente los contenidos en sus artículos 23, 62, 89 y 24.

Las normas interpretativas de la Constitución vigente son muy claras sobre este tema. Por consiguiente, los recientes actos del Estado venezolano en lugar de “facilitar la generación de las condiciones más favorables” para el establecimiento de diversas instancias de participación, incluso superiores al proceso constituyente precedente, se ha encargado de menguar el estándar constitucional alcanzado. En consecuencia, el actual proceso constituyente es nulo a tenor de los artículos 7, 25 y 333 de la Constitución, en concordancia con su preámbulo y disposición final única.

 

Publicado originalmente en http://alternos.la/2017/06/09/por-que-constituyente-viola-derechos-humanos/

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