El Estado antidemocrático

Algunas personas creen, erróneamente, que en Venezuela no hay separación e independencia de facto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a causa de la Ley Habilitante.

Sin embargo, dicha ley no es más que la “forma” como se materializa esta realidad. El “fondo” es que, con ley o sin Ley Habilitante, la Asamblea Nacional (AN) manifestó en diversas oportunidades, además con orgullo, estar sometida a las órdenes del comandante presidente de la República.

Quiere decir que, desde el punto de vista jurídico, al haber quedado la AN confesa respecto de la infracción cometida (subordinarse a otro poder público), ni siquiera es necesario probar por qué el contenido y alcance de la Ley Habilitante es antidemocrática.

Pero es que la violación del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana por parte de Venezuela también incluye al Poder Judicial. Para nadie es un secreto que el Estado venezolano está utilizando el sistema de justicia como instrumento de retaliación política.

Y es dentro de este contexto que tienen lugar los llamados juicios politizados, es decir, procesos judiciales donde el Estado inobserva el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los imputados (Véase los artículos 8 y 25 del Pacto de San José) por razones políticas.

Es importante recalcar que más allá de que la persona sea culpable o inocente, el punto determinante es que el juicio no sea imparcial debido a motivaciones políticas.

En estos últimos 12 de años ha habido más juicios politizados de los que uno puede contar con los dedos de la mano. Pero basta mencionar tres casos que de anteojitos han representado pases de factura política; estos son los procesos para meter preso al
Gral. Francisco Usón, a Leocenis García y a la jueza María Lourdes Afiuni.

Al respecto la Corte Interamericana DDHH considera que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces… (La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas”. (Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú-Fujimori).

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico interamericano es claro: No hay democracia sin la efectiva separación e independencia de los poderes públicos.

Ahora bien, en plano político hay otra realidad. Por un lado, el presidente Chávez afirma que aquí hay democracia y, por otro lado, el señor Teodoro Petkoff -líder de opinión- le da la razón cuando expresa por la Voz de America que no estamos en dictadura. Es entendible entonces que algunos todavía pregunten: ¿Es el sistema político venezolano de facto una dictadura; acaso una democracia socialista o una democracia popular (como Corea del Norte, Argelia y la Alemania soviética)?

Sin embargo, para el Derecho Internacional la respuesta a esa pregunta es contundente: Venezuela es un Estado antidemocrático porque está violando, de forma sistemática y deliberada, el orden democrático establecido por el marco jurídico interamericano del cual forma parte. Punto.

El problema es que, históricamente, en la OEA los contextos políticos por lo general han dejado en un segundo plano al estado de derecho interamericano. En este caso, está por verse cuánto tiempo más los petrodólares continuarán prevaleciendo sobre los valores democráticos de la región.

claudioj.sandoval@gmail.com

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